Por sorpresa y en el momento más oportuno para su sucesor. Francisco González, presidente del BBVA durante casi dos décadas y hasta el pasado diciembre, anunció ayer su decisión de «abandonar temporalmente» sus cargos de presidente de honor del banco y de su fundación «mientras concluyen las investigaciones en curso» sobre los presuntos trabajos ilegales encargados por la entidad al excomisario Villarejo bajo su mandato, con el objetivo de evitar que se le utilice «para dañar a la entidad». El banquero se lo comunicó por carta al nuevo presidente, Carlos Torres Vila, que hoy afronta en Bilbao la que se prevé como junta de accionistas más convulsa de la historia del grupo.

González, eso sí, no hizo el menor gesto de contrición. «Estoy muy orgulloso de todo lo que hemos conseguido en estos años: nuestra fortaleza, el prestigio de BBVA, el posicionamiento tecnológico, nuestra situación actual en la vanguardia financiera. Y creo que mi decisión ayudará a entender con qué rigor, falta de interés personal y compromiso hemos trabajado durante tanto tiempo», sostuvo en la misiva adelantada por Europa Press.

El exejecutivo pidió a Torres que traslade su decisión al consejo del banco, que se reúne hoy antes de la celebración de la junta. En la entidad aseguran que el actual presidente no había pedido la renuncia a su antecesor. De hecho, Torres defendió en febrero que retirarle las presidencias de honor supondría «prejuzgar» su culpabilidad. La decisión de González, en cualquier caso, supone un gran alivio para su delfín, ya que no sería raro que no vuelva a ocupar los cargos honoríficos, habida cuenta de su edad (74 años) y de que la investigación se puede demorar años.

En su combativa carta, el expresidente se presentó como víctima: «Desde hace un año hemos sufrido una larga y continua agresión mediática». Tras ello, enumeró los «muchos momentos de tensión, de dificultades, de hostilidades de grupos de interés» de los últimos años: la cuentas secretas del año 2000 (que le permitieron quedarse como único presidente tras la expulsión de Emilio Ybarra); el intento de Sacyr de «apropiarse» del banco con la «colaboración inexplicable» del Gobierno de Zapatero; la salida a bolsa de Bankia, en la que se negó a participar a pesar de las «enormes presiones» de aquel Ejecutivo; la creación de la Sareb, a la que también rechazó sumarse pese a la petición del Gobierno de Rajoy; y el «odioso chantaje» de Ausbanc, que denunció.

LA DEFENSA / «En todo ese tiempo, gobernamos el banco con firmeza y visión», presumió. También destacó que fue él quien encargó la investigación interna en junio del año pasado para «disponer de toda la información sobre estos asuntos, con el fin de asegurar que el banco había actuado de acuerdo con sus principios de legalidad y publicidad». Su gestión, defendió, ha estado vinculada «siempre con unos principios de ética y de rigor».

Según vienen publicando distintos medios desde mayo, el BBVA pagó más de cinco millones de euros (algunas fuentes sostienen que 10 millones) a la empresa de Villarejo entre el 2004 y el 2017 por distintos servicios, entre ellos las presuntas escuchas (unos 4.000 teléfonos y unas 15.000 llamadas de políticos, empresarios y periodistas) para tratar de frenar el intento de la constructora Sacyr de controlar la entidad en época de Zapatero.

También se ha publicado que le encargó que espiara a Luis Pineda, presidente de Ausbanc, y al constructor Fernando Martín, así como su presunta participación en el incendio del edificio Windsor de Madrid para destruir unos documentos comprometedores para González.

La entidad comenzó una investigación interna en mayo con el apoyo del bufete Garrigues. Tras la publicación en enero de las presuntas escuchas en torno a Sacyr, contrató un examen externo a Garrigues, Price Whaterhouse Coopers y Uría Menéndez. Hasta donde es público, no se ha encontrado aún documentos comprometedores. Torres aseguró en febrero que el análisis durará «meses» y afirmó creer que González es inocente.