El Gobierno de Pedro Sánchez aprobará mañana en el Consejo de Ministros una de sus principales medidas para intentar paliar la precariedad laboral entre uno de los colectivos más castigados tras el estallido de la crisis económica: los jóvenes. Lo anticipó la secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas, el martes y lo confirmó el propio presidente en una entrevista televisiva el miércoles. «Tenemos una hoja de ruta clara y una agenda social clara. La vamos a poner en marcha este mismo viernes con el plan de empleo juvenil».

Este Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2021 pretende combatir las altas cifras de paro que todavía arrastra este colectivo incluye medidas como la contratación de 3.000 técnicos para la inserción laboral, la redacción de un Estatuto para las prácticas no laborables o un plan para repatriar ese talento que vio tras el estallido de la crisis que su futuro estaba en el extranjero.

Todas estas medidas, recogidas en un documento al que ha tenido acceso este diario, estarán financiadas con un importe de 2.000 millones de euros para los próximos tres años y tienen como principal objetivo reducir en 10 puntos el desempleo juvenil. El plan llega tras discutirlo en las Mesas de Diálogo Social junto a patronal y sindicatos. Los empresarios, reticentes, han acabado secundando la medida.

Según los últimos datos disponibles de la encuesta de población activa, la tasa de paro era hasta tres veces superior entre los más jóvenes que entre la media de desempleados. La disponibilidad y predisposición para trabajar ha caído en 10 años hasta 15 puntos.

El número de nuevos técnicos que el Gobierno central financiará en colaboración con las comunidades autónomas coincide con los recortados tras la entrada al Gobierno del expresidente Mariano Rajoy y ha sido la reivindicada por el PSOE en la oposición y por los sindicatos. «Es un primer paso, aunque para llegar a las ratios entre ocupador y usuario de la media europea serían necesarios 7.000 nuevos técnicos», cuenta una fuente sindical.

La idea es que la figura comúnmente conocida como «becario» no acabe camuflando una relación más laboral que de aprendizaje y frene la contratación entre los más jóvenes. En este sentido, fuentes consultadas achacan una falta de concreción en el plan.

Dicha reforma eliminará todas aquellas bonificaciones a los contratos de formación. Según datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) recogidos por CCOO a principios del 2018, en España había un millón de estudiantes universitarios en prácticas externas, además de 282.000 estudiantes de formación profesional, 63.000 personas desempleadas en formación para el empleo y 100.000 personas en las otras tres modalidades de prácticas no laborales.

Para asegurarse de que no haya fraude, Trabajo estudia ampliar los recursos para la Inspección y habilitar así que los inspectores realicen horas extra enfocadas a perseguirlo. Otro de los ejes es facilitar el retorno de los jóvenes migrados tras la crisis.