El Gobierno enterró ayer en público toda posibilidad de derogar en lo que queda de legislatura algunos de los aspectos más lesivos para los trabajadores de la reforma laboral del 2012. La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, fue clara en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros: «Hemos sopesado los pros y los contras [...] y hemos llegado a la conclusión de que no íbamos a contar con apoyos suficientes». El velatorio de la contrarreforma lo celebraron en la tarde del jueves el Gobierno, patronal y sindicatos, en una reunión que, según coinciden varias fuentes, se alargó hasta bien entrada la noche. Hasta pasada la madrugada no estaba listo el redactado final del real decreto que ayer se aprobó en el Consejo de Ministros y en él no estaban ni la ultraactividad, ni la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa, ni la reforma de la subcontratación.

El único de los grandes puntales que pasará finalmente por el BOE tras nueve meses de negociaciones es la obligatoriedad de las empresas de registrar la jornada laboral de sus trabajadores. Con los suficientes matices como para que la CEOE lo calificara de «razonablemente satisfactorio» y los sindicatos de «necesario, pero insuficiente». El Gobierno justificó la medida en la necesidad de cortar el creciente número de horas extras no pagadas y los contratos a tiempo parcial que esconden una jornada completa. Según recoge el último borrador del decreto ley, una vulneración de dicha obligación se contemplaría como «infracción grave». Y según fuentes de la Inspección de Trabajo consultadas, ello supondría una sanción de entre 626 euros y 6.125 euros. Las penalizaciones de orden laboral, según las mismas fuentes, se han sancionado hasta ahora en el marco empresa, es decir, se impone una única multa, pese a haberse detectado más de una infracción.

Las empresas tendrán la obligación de especificar el horario de jornada laboral de sus trabajadores en su contrato y a conservar los registros de jornada durante cuatro años. Estos deberán permanecer a disposición de las personas trabajadoras, de sus representantes legales y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Dicho registro de jornada debe realizarse «sin perjuicio de la flexibilidad horaria», según recoge el real decreto, y con excepciones en caso de formas de trabajo «que por sus peculiaridades así lo requieran».

PARADOS MAYORES / Registro horario a parte, en el Consejo de Ministros de ayer el Gobierno desempolvó una de las principales medidas del paquete social que tenía cerrada hace meses con los sindicatos: recuperar el subsidio para parados de larga duración y mayores de 52 años, que hasta ahora era a partir de los 55 años. Según detalló la ministra de Trabajo dicha modificación beneficiará a 114.000 personas, que se sumarán a los 266.000 beneficiarios actuales. La prestación se extenderá hasta que la persona encuentre un empleo o alcance la edad legal de jubilación, con un coste anual para las arcas públicas de 348,7 millones .

El Ejecutivo no solo ha rebajado los requisitos de acceso por la vía de la edad, sino que también lo ha hecho a través de la redefinición del cálculo del concepto de «carestía». El SEPE describe en su web dicho término como «carecer de rentas de cualquier naturaleza que en cómputo mensual sean superiores al 75% del salario mínimo interprofesional».

El Gobierno incorpora bonificaciones fiscales para las empresas que contraten de manera indefinida a parados de larga duración, es decir, aquellos desempleados que lleven más de 18 meses sin trabajo. Para dichas compañías, el real decreto contempla ayudas de 1.300 euros anuales en caso de que el desempleado sea un hombre y de 1.500 euros si la desempleada es mujer.

Otra política pública que recoge el decreto es el aumento de la cuantía de las ayudas para familias con hijos en riesgo de exclusión social. Para los menores en riesgo de pobreza se asignará una prestación mensual que pasa de 291 euros a 341. Y en el caso de riesgo de pobreza extrema, la cifra aumenta hasta 588 euros.