El Gobierno de Pedro Sánchez sacará en el Consejo de Ministros de este viernes dos de las reformas del ámbito laboral que lleva meses negociando tanto en el Congreso como con sindicatos y patronales: recuperar el subsidio para parados mayores de 52 años y la obligación para las empresas de registrar la jornada laboral de sus trabajadores. Así lo ha avanzado El País y lo han confirmado fuentes cercanas a las negociaciones a EL PERIÓDICO.
Recuperar el subsidio de desempleo es una medida que el propio Pedro Sánchez ya había manifestado hace dos semanas que pretendía aprobar antes de finalizar la legislatura. El Gobierno de Mariano Rajoy la restringió hasta los 55 años y el equipo socialista la asumió como un compromiso a revertir, hasta el punto que anteriormente ya se había conjurado a volver a bajar la edad de acceso hubieran o no Presupuestos Generales del Estado.
La recuperación de dicha prestación, según afirman desde el Ministerio de Trabajo, beneficiaría a 114.000 personas, que se sumarían a los 250.000 actuales beneficiarios, y supondría un coste anual para las arcas públicas de 330 millones de euros. Esta está concebida para desempleados de larga duración que haya agotado el resto de prestaciones y de los que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) pueda acreditar que se encuentran en un proceso de activa búsqueda de trabajo. También deben haber cotizado por desempleo un mínimo de 6 años a lo largo de su vida laboral.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez no solo ha rebajado los requisitos de acceso por la vía de la edad, sino que también lo ha hecho a través de la redefinición del cálculo del concepto de "carestía". El SEPE describe en su página web dicho término como "carecer de rentas de cualquier naturaleza que en cómputo mensual sean superiores al 75% del salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas extraodinarias".
Control de jornada
Si bien la prestación por desempleo para los mayores de 52 años no ha generado entusiasmo en el seno de la patronal durante los pasados meses, el hecho de que se financiara con los excedentes del SEPE y que no comportara costes extras para las empresas provocaba que no fuera uno de los grandes escollos en las negociaciones. En cambio, la otra gran medida que previsiblemente aprobará el Gobierno este viernes en Consejo de Ministros si despierta el rechazo de la patronal: el control efectivo de la jornada.
El argumento con el que desde la CEOE se ha rechazado dicha medida ha sido el sobrecoste que para las compañías implicaría llevar un registro diario de las entradas y salidas de sus empleados, con la dificultad añadida en caso de las nuevas formas de trabajo, semipresenciales, a distancia o más flexibles. Desde los sindicatos esta medida la consideran clave para combatir el fenómeno de las horas extras no pagadas.
Desde las centrales temen que la aprobación de estas dos medidas sea un acuerdo de mínimos que pretenda aprobar el Gobierno y que ello provoque que no acabe abordando la contrarreforma laboral. Esta, además del control de jornada, incluía recuperar la ultraactividad, la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa y la reforma de la subcontratación.
