El Gobierno prohibirá cortar el suministro eléctrico a aquellos consumidores vulnerables aunque no sean beneficiarios del bono social, según ha avanzado la ministra portavoz, María Jesús Montero. "Puedo confirmar que la vicepresidenta Ribera pretende trasladar dentro de alguna de las leyes en trámite una disposición adicional en la que garantiza que ningún consumidor vulnerable va a tener ningún problema con el coste del suministro", ha indicado Montero. "Una disposición de garantía de suministro de energía eléctrica a consumidores vulnerables que serán todos aquellos reconocidos como tales por los servicios sociales incluidos aquellas personas que no sean beneficiarias del bono social", ha explicado Montero.
Según la disposición a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, se prevé establecer esta prohibición durante un plazo de cuatro meses tras su entrada vigor. Un plazo en el que además esta medida "no computará a efectos de los plazos comprendidos entre el requerimiento fehaciente del pago y la suspensión del suministro por impago establecidos en la normativa vigente". Esta prohibición se dirige únicamente a los cortes eléctricos, no incluye protección frente a los cortes de agua o gas.
El motivo de ampliar la prohibición a otros consumidores eléctricos que no sean beneficiarios del bono social es incluir a aquellos usuarios vulnerables, según los servicios sociales, pero que no son propietarios por lo que no tienen acceso a esta garantía, según fuentes de Transición Ecológica. Además, el plazo de cuatro meses se establece para dar tiempo a este departamento a desarrollar otras garantías como la estrategia de pobreza energética.
El 30 de septiembre decayó la medida adoptada en abril (y renovada en julio) que prohibía los cortes de suministro de agua, luz o gas a todas las familias españolas. El corte de suministro solo se mantenía prohibido --como antes de la pandemia-- para las familias beneficiarias del bono social con un hijo a cargo o con un discapacitado o un dependiente como integrantes del hogar.
El Ejecutivo aprobó entonces la extensión del bono social al añadir una nueva categoría que incluía a los consumidores vulnerables por covid que se podrían beneficiar de un beneficio directo en la factura de la luz del 25% en el caso de estas en desempleo, erte o si han visto reducida su jornada laboral por cuidados o, en el caso de ser empresario, afrontar circunstancias similares que supongan una pérdida sustancial de ingresos. También aquellos en cuya unidad familiar algún miembro se encuentre en las situaciones mencionadas. Sin embargo, según denunció la Alianza contra la Pobreza Energética (APE), al decaer la prohibición general de cortes de suministro "miles de familias" vulnerables quedaban expuestas.
