El Gobierno confirmó ayer el cese de los peajes de las autopistas que acaben en la presente legislatura y que serán gestionadas «de forma integral» por el Estado, con mantenimiento privado. Estos peajes son la AP-1 entre Burgos y Armiñón (Álava), la AP-7 entre Alicante y Tarragona, y la AP-4, entre Sevilla y Cádiz, que suponen casi el 5% de las líneas de alta velocidad del Estado. No obstante, dejó un recado sobre el futuro de las carreteras: «No pueden ser que la mitad de España pague y la otra mitad, no», advirtió.

El ministro de Fomento que compareció a petición del Grupo Unidos Podemos-En Comu y Podem-En Marea, puso como ejemplo el caso de la AP-1, el primero en finalizar su concesión el 30 de noviembre de este año, en el que licitarán un nuevo contrato para asumir su conservación que ya está en trámite de autorización por el Consejo de Ministros. Dentro del contrato, además de la conservación de la carretera se incluirá la demolición de las cabinas de los peajes y tendrá una estimación de costes de 5,8 millones de euros anuales (2019, 2020 y 2021) a los que en el año 2019 hay que añadir la adaptación de las instalaciones, por valor de 1,4 millones de euros.

Ábalos no especificó el coste del mantenimiento de la AP-4 ni de la AP-7, pero sí anunció conversaciones con las comunidades autónomas, la primera a finales de septiembre con la Junta de Castilla y León. Así como con la Diputación Foral de Navarra y Cataluña que ya han designado sendos representantes. En el caso de la Comunidad Valenciana se remitió a un estudio sobre las actuaciones de la AP-7 que trabajarán en una comisión de seguimiento a partir del mes de septiembre.

Durante el turno de preguntas aclaró que el peaje en la sombra (las empresas de mantenimiento que cobran de los presupuestos públicos en función de los vehículos que pasan por la carretera) «no es el modelo prioritario y, desde luego, no lo es para las autopistas que acaban su concesión esta legislatura».

Según los datos del ministro, en la actualidad el 88 % de la red de carreteras del Estado (23.000 kilómetros) se gestionan a través de contratos de conservación integral y obras de conservación; más de 1.000 kilómetros lo hacen vía «peajes en sombra» o pago por disponibilidad (el caso de la autovía Benavente-Zamora) y unos 2000 a través de peajes.