El Gobierno bajará de 35 a 20 las peonadas necesarias para acceder al subsidio agrario, con lo que el Ejecutivo busca dar cumplimiento "a una reivindicación histórica del colectivo de jornaleros", según explicaron fuentes de de la vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030. Así se lo ha transmitido el vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a las asociaciones de jornaleros de Andalucía y Extremadura.
Este sistema de subsidios funciona actualmente de la siguiente manera. Un jornalero ha de acreditar haber trabajado un mínimo de 35 jornadas para poder solicitar un subsidio de cerca de 400 euros durante un periodo máximo seis meses. Dicha prestación la costean entre la Administración General del Estado y las administraciones autonómicas, dependiendo la repartición de las cuantías del territorio. El Programa de Fomento del Empleo Agrario es una competencia del Ministerio de Trabajo, en tanto que la asignación de las prestaciones se realiza a través del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
Y ahora este requisito bajará hasta los 20 días. Una medida que el Gobierno de Pedro Sánchez ya aplicó de manera puntual en el 2018, ante situaciones de sequía. La rebaja anunciada por Iglesias y Díaz este viernes a los sindicatos de jornaleros no llega con fecha de caducidad explícita, aunque fuentes de vicepresidencia han afirmado que "es necesario, a medio plazo, reformar el sistema de peonadas para garantizar que dé una cobertura más adecuada a los trabajos eventuales agrarios".
SIN PRESENCIA DE LAS PATRONALES
Quienes no han participado en la reunión han sido las principales asociaciones de empresarios agrícolas Asaja, UPA y Coag, pues no han sido convocadas por el Ejecutivo. Las organizaciones de empresarios agrícolas se han mostrado contrarias en anteriores ocasiones a rebajar las jornadas necesarias para acceder al subsidio, ya que alegan que ello les dificulta el encontrar mano de obra para trabajar los campos.
Hasta ahora las principales protestas organizadas desde el sector agrícola, como la tractorada en Málaga del jueves, han sido auspiciadas por las patronales del sector. Estas han visto como las últimas subidas del salario mínimo interprofesional les ha recortado margen en sus beneficios, ya muy ajustados, según denuncian, por la política de bajos precios de los distribuidores.
MÁS GARANTÍAS PARA LOS TRABAJADORES
En la reunión de este viernes la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, también ha prometido a las organizaciones de jornaleros mayores garantías laborales para los trabajadores del campo. "Necesitamos cambios legislativos para que la Inspección de Trabajo pueda actuar en el campo", ha avanzado la ministra en una entrevista en RNE pocas horas antes de la reunión. Actualmente la 'policía laboral' no puede acceder a una explotación agrícola sin el permiso explícito del propietario, lo que dificulta su actuación.
Ante ello y con el informe del relator de la ONU sobre pobreza todavía reciente, desde el Ministerio de Trabajo han trasladado su intención de modificar la normativa para ampliar el margen de actuación inspectora. Ya que esa falta de supervisión "está generando situaciones de chabolismo y semiesclavitud intolerables en la cuarta economía de la zona euro", según afirmaron desde Trabajo.
