El Gobierno ha hecho efectivo este viernes tras el Consejo de Ministros la aprobación de una oferta de empleo público para la Administración General del Estado (AGE) de 2.528 plazas. El anuncio lo ha realizado la portavoz del Gobierno, Isabel Celáa, y llega tras haber firmado con los sindicatos el pasado 21 de enero el II acuerdo de Estabilización de Empleo, que pretende reducir la temporalidad dentro de la AGE por debajo del 8%.

De estas 2.528 plazas, que corresponden al ejercicio del 2018, un total de 2.133 irán destinadas a estabilizar personal laboral, otras 270 para funcionarios y un total de 120 para el personal estatutario, según desgranan fuentes sindicales. Con el real decreto aprobado este viernes, la plantilla de la Administración General del Estado sitúa su tasa de temporalidad en el 1,85%, según cálculos del propio Gobierno.

Las nuevas plazas de estabilización, sumadas a las de los procesos de estabilización aprobadas el año pasado, alcanzan las 10.392 plazas públicas. De ellas, 5.003 son para la Administración de Justicia (2.331 en 2017 y 2.672 en 2018) y 2.862 de la Administración General del Estado correspondientes a 2017.

Refuerzo a la ciencia

Según datos recabados por CSIF, el 59% de la oferta anunciada este viernes irá destinada a estabilizar las plazas de personal investigador del CSIC, del Centro de Investigaciones Energéticas (Ciemat), de Tecnología Agraria (INIA), del Carlos III, Instituto de Oceanografía, del Geológico y Minero, así como de la Agencia Estatal de la Investigación. La portavoz del Gobierno ha querido resaltar en su comparecencia el refuerzo que representa para el sector científico, "particularmente afectado por la inestabilidad", que supondrá la estabilización del 10,5% de las plantillas totales de los seis organismos públicos de investigación dependientes del Ministerio, que cuentan con 13.836 empleados.

Por su parte, CCOO ha reaccionado al anuncio del Gobierno valorándolo positivamente, ya que "en términos generales coincide con el volumen de empleo planteado", en palabras del secretario general del sector de la AGE, José Manuel Vera. No obstante, el dirigente de la central ha exigido al Ejecutivo que incorpore otras 500 plazas a la oferta pública de empleo.