El frente entre las energéticas y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) se pone en pausa a la espera de la decisión que tome el regulador. El viernes, se terminó el plazo para que las empresas enviasen sus alegaciones y las energéticas se van de vacaciones con los deberes hechos para tratar de modificar unas retribuciones que consideran injustas y mal calculadas. Ahora es el momento de que el regulador estudie las recomendaciones y elabore una nueva propuesta para ser aprobada antes del 2020.

Es la primera vez que este organismo es el encargado de hacer estos cálculos. La CNMC adquirió esta competencia en enero, por primera vez desde su creación en el año 2013. Una reclamación histórica que llegó, paradójicamente, unos meses antes de que finalice la presidencia de José María Marín Quemada y de varios de sus miembros (septiembre). El presidente de la CNMC debe serlo por un periodo de seis años, sin posibilidad de prórroga, no obstante, hasta que no haya un Gobierno no podrá ser designado su sustituto.

En el estreno de sus competencias, la CNMC ha abierto la Caja de Pandora con un ajuste en la retribución que reciben estas empresas por sus actividades reguladas. El organismo ha propuesto un recorte promedio del 17,8% en el caso de la distribución del gas y del 21,8% en el transporte y regasificación, así como una rebaja del 7% para la distribución eléctrica y del 8,2% para el transporte. En total, un tijeretazo de 3.000 millones de euros para cada sector en el conjunto del periodo (seis años), aunque la tasa sea menor para las eléctricas, porque tienen que hacer mayores inversiones de cara a la transición energética.

Las empresas se quejan de que la CNMC no lo consultó con ellas, mientras que la entidad regulatoria dice que el plazo de consultas es, precisamente, para llevar a cabo el debate y aprobar unas retribuciones con consenso. Para ello, Marín Quemada pidió a las empresas "menos ruido" ambiental y más colaboración, después del jaleo que produjo la publicación de los recortes con la paralización de las inversiones en redes de Nedgia (Naturgy) o las críticas del presidente de Red Eléctrica. Marín Quemada nunca habló de "suavizar" las propuestas, pero sí de la posibilidad de "revisarlas".

El caos está en el gas

El principal foco de discusión es la sobrerretribución estimada por la CNMC de las gasistas que se eleva a 586,4 millones de euros por activos ya amortizados. Y en eso basa la magnitud de su recorte, que afecta a empresas como Naturgy, Madrileña Red de Gas, Nortegas y Redexis. Sin embargo, la patronal del sector (Sedigás), se queja de que la CNMC ha hecho "un diagnóstico impreciso" del impacto que tendrá sobre las empresas distribuidoras y transportistas (Enagás) y pide su "reformulación".

"El órgano regulador no ha acertado en calcular y valorar el impacto a las empresas gestoras de las infraestructuras de red de gas", dice en un comunicado sobre el contenido de sus alegaciones la patronal. Sedigás afea a la CNMC que les haya solicitado información a posteriori. Y, lo cierto, es que el propio ministerio para la Transición Ecológica asegura en su informe que la información del organismo en su memoria económica es insuficiente para hacer una valoración, aunque coincide en la necesidad de "corregir" la sobrerretribución.

Las eléctricas, más moderadas

Diferente es el caso de las grandes eléctricas integradas en Aelèc -Iberdrola, Endesa, Naturgy, Viesgo y EDP- quienes no han puesto tanto en cuestión los recortes de la CNMC Iberdrola y Endesa hablan de un impacto mínimo en sus cuentas-, pero reclaman un alza de la tasa de retribución. Según Aelèc, así "no se dan las señales adecuadas" para realizar las inversiones necesarias para cumplir con el Plan de Energía y Clima del Gobierno (inversión estimada en más de 40.000 millones de euros en redes hasta 2030).

Red Eléctrica reclama "incentivos reales" para el despliegue de las inversiones "con una metodología clara y predecible, que otorgue seguridad jurídica".