El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha hecho caso a la Fiscalía Anticorrupción y ha imputado al BBVA, como persona jurídica por los delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y corrupción en los negocios, por los contratos que firmó con la empresa de seguridad Cenyt, perteneciente al excomisario José Manuel Villarejo, informaron fuentes jurídicas.

De esta forma, el instructor del caso Tándem, en el que investiga las cloacas policiales, corta de raíz la pretensión del banco de poder personarse en la causa para ejercer la acusación particular contra Villarejo por considerarse perjudicado con sus prácticas presuntamente corruptas. Ese extremo también había sido rechazado por Anticorrupción tras estudiar la documentación que obra en la causa, así como la aportada por la propia entidad bancaria, pese a que esta siempre ha reiterado su «firme compromiso con el esclarecimiento de los hechos y con el cumplimiento de la ley», para lo que, como anunció su presidente, Carlos Torres Vila, continuarán «colaborando activamente con la justicia».

Entre la documentación aportada al Juzgado Central de Instrucción número 6 figuraban, en palabras del banco, «los hallazgos relevantes de la investigación forensic encargada hace 6 meses a Garrigues, Uría Menéndez y PwC». Sin embargo, no parece que hayan sido suficientes para Anticorrupción o para el magistrado, que aunque no comparte en su totalidad la argumentación del ministerio público, llega a la misma conclusión: la necesidad de imputar al banco, como ya hizo con otras personas jurídicas en otras piezas del Villarejo.

La fiscalía basaba la necesidad de que el BBVA responda como imputado -situación en la que ya se encuentran ocho de su exdirectivos, entre ellos quien fue su consejero delegado entre 2009 y 2015, Ángel Cano- en que era precisamente el que habría resultado beneficiado con los contratos suscritos en 2004 para frenar el intento de la constructora Sacyr de hacerse con el control de la entidad.

Según el informe presentado por Anticorrupción, tras estudiar la documentación del banco e intervenida en los registros de propiedades de Villarejo y su socio, el abogado Rafael Redondo, en noviembre de 2017, esos contratos «habrían tenido por objeto el desarrollo de múltiples servicios de inteligencia y/o de investigación de naturaleza patrimonial y carácter ilícito».

Esa condición se adquirió por la «incompatibilidad de los encargos asumidos por el entramado empresarial de Villarejo» con su condición de policía en activo y por el hecho de que «habrían implicado una reiterada injerencia en los derechos fundamentales de las personas mediante seguimientos y acceso a sus comunicaciones o a su documentación bancaria».

Garantía retirada

Entre esas vulneraciones de derechos estaría el supuesto acceso a 15.000 llamadas de entonces miembros del Gobierno, empresarios y periodistas y son las conductas que podrían ser constitutivas, según Anticorrupción, de «múltiples delitos de descubrimiento y revelación de secretos». El de cohecho habría sido cometido por los exdirectivos que cobraron dádivas del excomisario para que aseguraran la firma de los contratos entre su empresa y el BBVA, documentos que fueron suscritos por el exjefe de Seguridad Julio Corrochano, al que el magistrado impuso una fianza de 300.000 euros para evitar la cárcel.

La de Corrochano ha sido la garantía más alta impuesta en la pieza relativa a los contratos firmados con el banco. La fiscalía pidió el viernes que se impusiera medio millón de euros a Antonio Béjar, presidente de Distrito Castellana (DCN) hasta ese día, cuando declaró por segunda vez ante el juez.

Anticorrupción decidió retirar ayer su elevada petición gracias a la documentación aportada por el propio Béjar. En su primera comparecencia ante el juez, el pasado 4 de julio, atribuyó los contratos con Villarejo a un intento de la entidad de atajar la morosidad. Pidió volver ante el juez tras conocerse que DCN había ordenado la destrucción de dos discos duros y 19 cds con documentación.