La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, anunció este miércoles la próxima eliminación del descuento por bajas médicas en la nómina de empleados públicos de la Administración General del Estado, que pasarán a cobrar el 100% de su sueldo.
Dentro de los recortes en el sector público adoptados en el 2012, el Gobierno de Mariano Rajoy introdujo descuentos salariales para los empleados públicos de todas las administraciones -estatal, autonómica y local- en situaciones de baja por enfermedad.
Seis años después de los recortes, en marzo del 2018, el Gobierno del PP acordó con los sindicatos de la función pública que "cada administración", en el ámbito de la negociación colectiva, pueda recuperar la retribución de hasta el 100% del sueldo de los empleados en caso de baja por enfermedad. Esta habilitación fue incoporporada en la Ley de Presupuestos del Estado del 2018 que entra en vigor este jueves y la ministra Batet ha recogido el guante sin demora.
De momento, solo en el Estado
Durante su comparecencia ante la Comisión de Política Territorial y Función Pública del Congreso, Batet señaló que el Gobierno restablecerá "de inmediato" el "derecho pleno al 100% desde el primer día de la incapacidad temporal".
La ministra expresó su intención de poder alcanzar un acuerdo con las organizaciones sindicales de la Función Pública antes de dos semanas para poder entregarles "un documento consensuado" en la reunión que mantendrán el próximo 16 de julio e implantar "sin mayor demora" esta medida. Para ello, ha dicho que ha dado ya "las instrucciones oportunas" al director general de la Función Pública para convocar a los representantes de los trabajadores y negociar esta medida.
En principio, esta negociación se limita al ámbito de la administración central. El resto de las administraciones autonómicas y locales puede seguir esta senda o no, dentro del marco de la negociación colectiva. Sin embargo, según fuentes del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública, el anuncio de la ministra supone el envío de "una señal importante" al resto de las administraciones.
Acuerdo de marzo
La ministra ha valorado que el acuerdo laboral firmado en marzo entre el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y los representantes sindicales de CSIF, CCOO y UGT "ofrece un buen punto de partida para la recuperación de los derechos de los empleados públicos y la revitalización de la actuación administrativa".
El citado acuerdo, que fue publicado en el BOE el 26 de marzo, incluye una subida salarial para los empleados públicos de entre el 6,1% y hasta el 8,79% durante el trienio 2018-2020, en función de cómo evolucione el crecimiento económico (el PIB) y del cumplimiento del objetivo de déficit público del 2020.
Además, el pacto devuelve a las administraciones públicas la negociación colectiva en cuestiones tales como la jornada semanal de 35 horas, la prestación del 100% del salario en casos de baja por enfermedad o el desarrollo de planes de igualdad. También podrán negociar constituir una bolsa de horas recuperables (equivalentes a 11 días anuales) para el cuidado de menores, mayores o discapacitados; o la posibilidad de jornada intensiva para el cuidado de hijos menores de 12 años o discapacitados.
En particular, se establece que "cada Administración Pública" podrá determinar, previa negociación colectiva, las retribuciones que vaya a percibir su personal en situación de incapacidad temporal "hasta un máximo del cien por cien de sus retribuciones fijas previas al inicio de la incapacidad temporal".
El acuerdo determina que podrán establecerse "diferentes escenarios retributivos" en función del tipo de contingencia o de la duración de la misma. Además cada Administración Pública deberá diseñar un plan de control de absentismo y difundirlo en el respectivo Portal de Transparencia. En dicho portal deberán igualmente ser objeto de publicación los datos de absentismo, clasificados por su causa, con una periodicidad al menos semestral.
Los acuerdos del PP, un buen punto de partida
Batet se ha referido al primer encuentro con las organizaciones sindicales, previsto en dos semanas, y ha dicho que buscará avanzar en la aplicación y seguimiento de los acuerdos pactados, aunque también en "flecos y cuestiones que quedaron fuera" y que el Gobierno "tiene voluntad de cumplir".
La ministra ha calificado de "prioritaria" la convocatoria de la Oferta de Empleo Público para este año, una vez aprobados los Presupuestos, y ha señalado también que espera una normalización de las tasas de reposición en el sector público. "Venimos de una época de crisis y de tasas muy limitadas que si no queremos que se descapitalice nuestra Administración, pues tendremos que ir normalizando", ha dicho.
Regla de gasto
Además, tal como ya adelantó la semana pasada la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, Batet se ha referido a que el Gobierno elaborará un proyecto de ley para suavizar la aplicación de la regla de gasto a las administraciones locales con el fin de que aquellas que cierren sus cuentas con superávit puedan dedicarlo a la mejora de servicios públicos esenciales.
Según Batet, este proyecto de ley de medidas urgentes para el gobierno local será "una de las primeras medidas" en las que trabajará su departamento, y que estará "estrictamente limitado a modificar los artículos competenciales hurtados de la Ley de Bases" y a "suavizar la configuración y efectos de la regla de gasto".
Esta modificación, ha explicado Batet, permitirá a los ayuntamientos que presenten superávit dedicar este remanente no sólo a inversiones, sino también a "la mejora de los servicios públicos esenciales para la ciudadanía".
