La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, anunció ayer la próxima eliminación del descuento por bajas médicas en la nómina de empleados públicos de la Administración General del Estado, que pasarán a cobrar el 100% de su sueldo. Dentro de los recortes en el sector público adoptados en el 2012, el Gobierno de Rajoy introdujo descuentos salariales para los empleados públicos de todas las administraciones en situaciones de baja por enfermedad.
Seis años después de los recortes, en marzo del 2018, el Gobierno del PP acordó con los sindicatos de la función pública que «cada administración», en el ámbito de la negociación colectiva, pueda recuperar la retribución de hasta el 100% del sueldo de los empleados en caso de baja por enfermedad. Esta habilitación fue incorporada en la ley de Presupuestos que entra en vigor hoy y la ministra Batet ha recogido el guante sin demora.
Durante su comparecencia ante la Comisión de Política Territorial y Función Pública del Congreso, Batet señaló que el Gobierno restablecerá «de inmediato» el «derecho pleno al 100% desde el primer día de la incapacidad temporal». La ministra expresó su intención de poder alcanzar un acuerdo con las organizaciones sindicales de la Función Pública antes de dos semanas para poder entregarles «un documento consensuado» en la reunión que mantendrán el próximo 16 de julio e implantar «sin mayor demora» esta medida. Para ello, dijo que ha dado ya «las instrucciones oportunas» al director general de la Función Pública para convocar a los representantes de los trabajadores y negociar.
En principio, esta negociación se limita al ámbito de la administración central. El resto de las administraciones autonómicas y locales puede seguir esta senda o no, dentro del marco de la negociación colectiva. Pero, según fuentes del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública, el anuncio de la ministra supone el envío de «una señal importante» al resto de las administraciones.
La ministra valoró que el acuerdo laboral firmado en marzo entre el exministro Montoro y los representantes sindicales de CSIF, CCOO y UGT «ofrece un buen punto de partida para la recuperación de los derechos de los empleados públicos.
