El Gobierno ha enseñado sus cartas en lo que respecta a autopistas. Los peajes tienen los días contados en aquellas vías de pago cuyas concesiones venzan entre este año y el 2021.

Así lo anunció el ministro de Fomento, José Luis Ábalos en una entrevista con el diario El País en la que además afirma que esas vías se incorporarán a la red pública. «Vamos a ser coherentes con nuestros compromisos y las propuestas que hemos planteado en el Congreso y en el Senado para que estas autopistas se incorporen a la red pública a partir de su vencimiento y se liberen de peaje», asegura.

La primera de concesión que vence, en manos de la sociedad Europistas, del Grupo Itínere, es la de la AP-1 entre Burgos y Armiñón, el 30 de noviembre. Al finalizar el contrato, este no se renovará y se levantarán las barreras de peaje. Algunos estudios estiman que esta medida elevará la intensidad media diaria de tráfico de esta vía en torno al 36% y casi un tercio de los vehículos que la transitarán serán camiones. El coste estimado para el Estado por asumir la conservación y mantenimiento y dejar de cobrar peajes se estima en casi 30 millones anuales.

LAS CONcESIONES DE ABERTIS / Luego vienen dos concesiones de Abertis, grupo sobre el que ACS y la italiana Atlantia acaban de concluir la OPA para hacerse con la compañía. Se trata del tramo Salou-Alicante de la AP-7, que vence en diciembre del año que viene, al igual que el Sevilla-Cádiz de la AP-4. El contrato de explotación del tramo La Junquera-Tarragona de la AP-7 y el Barcelona-Zaragoza, de la AP-2, finalizan en julio del 2021.

«No sabemos si estaremos o no en el Gobierno en los próximos meses, pero ese es el compromiso», han añadido fuentes del ministerio. La idea es dejar claro el objetivo. La patronal de constructoras y concesionarias, Seopan, estimó hace unos meses que liberar de peajes las tres concesiones que vencen entre el 2019 y el 2021 costaría al Estado más de 400 millones en mantenimiento y conservación, que pueden elevarse a unos 1.000 millones si se prevé para toda la red, que es de 2.550 kilómetros.

De hecho, el propio ministerio afirma que hay que abrir una «reflexión» sobre los costes de mantenimiento de estas vías que volverán a manos del Estado, lo que no quiere decir que vuelvan a implantarse peajes, según las mismas fuentes. Una opción, que el Gobierno no ha desvelado, podría ser la viñeta (una especie de tarifa plana para circular por todas las vías de alta capacidad). Esa es una opción que defiende al Generalitat.

«Hemos decidido que se libere de peaje» a esas vías, afirma Ábalos, que ha reconocido el doble coste de la medida: por una parte el del mantenimiento de las vías, evaluado entre 50.000 y 68.000 euros por kilómetro y año, y el de dejar cobrar los peajes.

Además de las concesiones del Estado, hay otras dos de la Generalitat, la C-32 (Maresme) y la C-33 (Mollet), cuyas concesiones, en manos de Abertis, vencen en el 2021, y el Ejecutivo catalán también anunció que no restablecerá los peajes.

552 KILÓMETROS DE LONGITUD / Las tres primeras vías en concesión por el Estado que quedarían libres suman 552 kilómetros de longitud, alrededor del 21% de la red total de vías de pago del país, y cuentan con una media de 16.321 usuarios diarios en el caso de la AP-1 y de 16.814 y 15.824 conductores al día en cuanto a los dos tramos de la Tarragona-Alicante, el Tarragona-Valencia y el Valencia-Alicante, respectivamente. La AP-4 tiene unos 18.343 usuarios.

La supresión del peaje en estas vías puede sentar un precedente para las que terminan su concesión en años sucesivos, si bien en ese caso la decisión deberá tomarla el Gobierno de la próxima legislatura y las siguientes porque hay contratos que vencen mucho más adelante.

Los tramos afectados de la AP-7 figuran entre los que más volumen de usuarios registran actualmente. El titular de Fomento asegura en la entrevista reconocer los «costes» que implica levantar las barreras de peajes, «los de conservación y mantenimiento de las autopistas y el de oportunidad, el que deriva de dejar de cobrar los peajes en el caso de que el Estado decidiera cobrarle».

AUTOPISTAS QUEBRADAS / «Es cierto que, en algún momento, a medida que la red pública vaya aumentando, habrá que plantearse una reflexión sobre los costes de matenimiento de esta red», reconoce Ábalos.

Sobre las autopistas quebradas (entre las que están las radiales de Madrid), destaca el ministro que la información que le han trasladado «no es muy coincidente en términos de los ingresos que podría reportar esa relicitación, ni tampoco en los costes que tiene que asumir el Estado tanto por RPA (responsabilidad patrimonial del Estado) como por las expropiaciones o por algún otro coste pendiente de asumir».