Seguramente no lo pretendía, pero el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha entrado de puntillas en la campaña electoral española, donde el debate sobre las pensiones está ocupando un espacio central. El organismo que dirige Christine Lagarde reclama a las autoridades españolas que adopten medidas para garantizar la viabilidad del sistema de pensiones y compensar las subidas promovidas en el Pacto de Toledo e implementadas en parte por el Gobierno de Pedro Sánchez.

El pasado mes de diciembre la mayoría de formaciones políticas se pusieron de acuerdo para reclamar que el poder adquisitivo de las pensiones se asegure con subidas anuales equivalentes a la tasa de inflación (IPC). La entente prácticamente enterró la fórmula previa implantada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, que limitaba las subidas al 0,25% mientras las cuentas de la Seguridad Social fuesen deficitarias.

«Garantizar la viabilidad financiera de los sistemas de pensiones requiere la adopción de una serie de medidas integrales, incluidas aquellas para compensar la reciente relajación de la indexación de las pensiones en España», asegura el FMI en su informe de Supervisión Fiscal, presentado en Washington.

La recomendación no es nueva. Ya el pasado mes de octubre, el guardián de las finanzas internacionales advirtió de que la reforma para vincular la prestación con el índice de precios al consumo «puede poner en peligro la sostenibilidad del sistema» a menos que se compense el aumento del gasto. Sus analistas estimaron que el nuevo modelo incrementaría el coste de las pensiones entre un 3% y un 4% del PIB durante los próximos 30 años.

El rápido envejecimiento de la población y el débil crecimiento demográfico es una constante en los países industrializados. Un cuadro que pone en jaque la sostenibilidad de los modelos de pensiones. El Fondo afirma que «la inmigración puede ayudar a reducir las presiones fiscales» y anima a las economías más envejecidas a integrar cuanto antes a los recién llegados para «maximizar los beneficios para las finanzas públicas».

En paralelo a sus recomendaciones sobre las pensiones, el FMI insta a España a continuar con el ajuste gradual de su balance fiscal para ampliar su margen de maniobra en caso de que se produzca un nuevo deterioro del marco macroeconómico. Las perspectivas, sin embargo, no son buenas. Sus analistas predicen para este año un déficit público del 2,3% del PIB, cuatro décimas por debajo del registrado en 2018, pero muy lejos del 1,8% ambicionado inicialmente por el Gobierno y del 1,3% exigido por Bruselas. Tampoco se atisba ningún respiro de cara al futuro porque, de acuerdo con las previsiones del Fondo, el desfase en las cuentas públicas volverá a crecer a partir del 2021 para situarse en el 2,8% en 2024, lo que obligará a recortar el gasto o aumentar el crecimiento para corregir la desviación.

DEMASIADA DEUDA DEL ESTADO / La deuda del Estado sigue bajando desde el pico alcanzado en el 2014, cuando superó el 100% del PIB. Este año se situará en el 96% y la previsión es que siga descendiendo hasta el 92,3% en 2024. Pero aun así su peso es oneroso, por más que sea inferior porcentualmente a la de Francia, Italia o EEUU. «Se espera que el pago de intereses de la deuda como porcentaje del PIB aumente a medio plazo en algunas economías avanzadas», dice el Fondo, España incluida. Actualmente su financiación, que incluye el déficit público para este año, se come el 16,7% del PIB.

El Fondo Monetario Internacional advierte además de que los bancos españoles tienen en sus carteras demasiada deuda del Estado. De producirse una nueva crisis de deuda soberana, como la acontecida a principios de la última década, existiría un verdadero riesgo de contagio al sistema bancario. «Un escenario de pronunciados incrementos en los intereses de la deuda generaría pérdidas significativas para los bancos», dice el organismo internacional en su análisis del sector financiero. Es lo que pasó hace unos años, cuando se utilizó el dinero del contribuyente para acabar rescatando a la banca.