Hay veces que hay que azuzar a los jueces de instrucción para que actúen. En el caso Rato se han repetido los archivos de ciertas piezas acordados por el magistrado Antonio Serrano-Arnal y luego revocados por la Audiencia Provincial de Madrid. Ahora, la Fiscalía Anticorrupción le ha instado sin éxito a que se juzgue por separado del resto de la causa al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato por el cobro de más de 835.000 euros en comisiones con los contratos de publicidad suscritos por Bankia durante su presidencia.

La fiscala Elena Lorente considera que esas actuaciones son constitutivas de un delito de corrupción en los negocios y que pueden ser juzgadas de forma independiente del resto del caso, pero el magistrado se opuso ayer a su pretensión al entender que los hechos, aunque su investigación pueda darse por terminada, no deben desglosarse del resto de las pesquisas sobre el presunto origen ilícito del patrimonio de Rato que tiene entre manos.

CONTRATOS DE PUBLICIDAD / Si bien la petición fiscal no ha sido tenida en cuenta, al menos de momento por el magistrado del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, sirve para conocer el criterio de Anticorrupción sobre los indicios que se desprenden de lo investigado en relación con los contratos de publicidad firmados entre el 2011 y el 2012 por Bankia, por los que Rato cobró «comisiones carentes de justificación» a través de su sociedad Kradonara 2001.

Según el escrito, esas comisiones fueron abonadas por Zenith Media y Publicis Comunicación España, ambas del grupo Multi Market Services Spain Holdings, a Albisa Inversiones y Asesoramiento, del también imputado Alberto Portuondo. Rato lo introdujo en Caja Madrid en enero del 2012 y, a juicio de Anticorrupción, participó activamente en el proceso de selección de los concursos de publicidad de la entidad, especialmente para difundir la marca Bankia y su salida a bolsa. En ambas campañas se eligió a Zenith y a Publicis.

Portuondo mantenía relación desde el 2008 con Miguel Ángel Montero, administrador de Rato desde hace décadas y al que este también introdujo en Caja Madrid durante su presidencia. Además de ellos, colaboraron con el exministro del PP su secretaria personal, Teresa Arellano, y su amigo y hombre de confianza José Manuel Fernández Norniella, a quien nombró vicepresidente de la entidad.

GRUPO DE PRESIÓN / «Todos ellos constituyeron un auténtico grupo de presión dentro de la entidad financiera, actuando como núcleo duro a las órdenes y en beneficio último de Rodrigo Rato», afirma la fiscala en su escrito, en el que precisa que Kradonara ingresó comisiones enmascaradas como prestación de servicios de 474.416 euros en el ejercicio del año 2011 y 360.608 en el del año 2012.

La fiscalía también pide juzgar a los responsables de Publicis Miguel Ángel Furones, Francisco Xavier Olazábal, Sagario Bua y Fabrizio Bini, y de Zenith Sergio Lorca, Fernando Rodríguez, María Cándida Rodríguez y Santiago Álvarez del Manzano, al entender que todos ellos eran conocedores de la irregular finalidad de las comisiones pagadas a Albisa.