Primero fue la Fiscalía de Braunschweing, en el Estado alemán de Baja Sajonia, quien propuso que las investigaciones judiciales por el dieselgate repartidas por el mundo, incluida la que lleva la Audiencia Nacional en España, se concentraran en Alemania en un único proceso. Ahora, es la fiscalía española la que ha solicitado que todo el caso se instruya en el país germano, sede de Volkswagen, donde las pesquisas están más avanzadas.

«La autoridad alemana se encuentra en mejor posición para investigar los hechos», señala el fiscal Marcelo de Azcárraga en un escrito remitido al Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, que instruye el asunto, y al que ha tenido acceso este diario. La investigación en España se inició tras estallar el escándalo, en el 2015, y a raíz de las querellas presentadas por dos asociaciones. En ellas se denunciaba la instalación ilegal de un programa informático manipulado en miles de vehículos para cambiar los resultados de las emisiones contaminantes.

La sospecha desde el inicio de la investigación judicial era que la emisión de gases contaminantes emitidos estaría muy por encima de los límites permitidos (podrían superar en 40 veces del máximo), lo que inhabilitaría para circular a los turismo afectados, con el consecuente perjuicio para sus propietarios. Es decir, expone el fiscal en su escrito, las emisiones lanzadas podrían haber causado «daños sustanciales» a la calidad del aire.

Durante la tramitación de la causa se han practicado varias diligencias para comprobar la manipulación del programa informático, así como a si la misma provoca una «alternación significativa» de las prestaciones a los vehículos afectados y a la identificación de elementos que permitieran la imputación, según detalla el fiscal, de personal de Seat, Volkswagen-Audi España y Volkswagen Navarra. Para ello, el juzgado ha recabado información de las autoridades francesas sobre un dictamen pericial sobre una válvula (EGR, recirculación de gases de escape), así como del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat) y de las autoridades de EEUU, que le han remitido las condenas dictadas en ese país.