Rafael Español, expresidente de La Seda, la emblemática compañía química catalana, ha llegado a un acuerdo con el fiscal que le permitirá rebajar la pena aunque no impedirá su ingreso en prisión en el proceso judicial abierto por las denuncias de haber inflado las cifras de producciones y venta para embolsarse una parte de los fondos.
El acuerdo alcanzado entre la fiscalía y la defensa de Rafael Español, que se ha formalizado en el juicio celebrado hoy martes, establece una reducción de la petición de pena desde los 12 años de cárcelhasta dos años y medio por el resarcimiento parcial de los daños económicos causados, según han informado fuentes jurídicas. A pesar de la importante rebaja de la pena que solicita el fiscal del caso, el expresidente de La Seda tendrá que ingresar en prisión al superar los dos años y contar con el precedente de una condena anterior por la Audiencia Provincial de Barcelona. Para el resto de acusados, el fiscal pide penas inferiores a los dos años de cárcel.
CONDENA ANTERIOR
En mayo del 2015, Español esquivó la entrada en la cárcelgracias a otro acuerdo con la fiscalía y las acusaciones para reducir su condena desde los 27 años solicitados inicialmente hasta 23 meses. En ese juicio al directivo y su antigua cúpula por los delitos de apropiación indebida y contra la Hacienda pública, el fiscal valoró las "dilaciones indebidas" en el proceso y la "reparación del daño" causado por parte de los condenados al haber resarcido parte de las deudas originadas.
En el nuevo juicio, el fiscal Óscar Serrano Zaragoza pedía 12 años de cárcel y 4,3 millones de indemnización a Español, de los que ha pagado ya dos millones, y sus directivos por un delito continuado de estafa por simulación de contrato, apropiación indebida, administración desleal y falsedad documental. Según la investigación, los siete directivos acusados simularon la producción de 58.450 toneladas de plástico PET, con el que se fabrican botellas, y contratos con empresas que estaban controladas por ellos mismos.
PRODUCCIÓN SIMULADA
El proceso de reventa de esa producción ficticia a La Seda por un precio superior causó a la compañía un perjuicio económico estimado en 4,3 millones de euros. Para intentar dar veracidad a la operación, los acusados también simularon, según el fiscal, el transporte del supuesto plástico producido desde la sede de La Seda en El Prat de Llobregat hasta otras compañías del grupo.
La Seda sufrió un concurso de acreedores que finalizazó con su disolución después de múltiples disputas por el control del accionariado y con un agujero económico que no puso superar.
