El presidente de la Fundación Bancaria la Caixa, Isidre Fainé, ha decidido reforzar su defensa de cara a su declaración en la Audiencia Nacional, que tendrá lugar el próximo lunes 28 de septiembre por unos movimientos societarios en CaixaBank y Criteria del 2016 para la compra del banco portugués BPI.

Fainé, que suele contar con los servicios del abogado Manuel Medina, ha decidido también contratar a Javier Sánchez-Junco, especializado en este tipo de casos y en procedimientos en la Audiencia Nacional, según ha avanzado El Confidencial. Sánchez-Junco es abogado del rey emérito Juan Carlos.

El representante legal de CaixaBank y el expresidente de la entidad Isidro Fainé declararán el próximo lunes ante la Audiencia Nacional en calidad de querellados en el marco de la causa sobre presuntos delitos societarios en operaciones complejas para la adquisición del banco portugués BPI.

En su providencia, el titular del juzgado central de Instrucción número 5, José de la Mata, que solicita al Banco de España que designe "un inspector u otro especialista de nivel superior" como "auxilio judicial", emplaza para el mismo día al holding Criteria, que también preside Fainé, mientras que el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, lo hará el próximo miércoles, 30 de septiembre, informa Efe.

ADMITIDA A TRÁMITE

La querella, presentada por dos accionistas, fue admitida a trámite hace casi dos años, en octubre del 2018, e investiga presuntos delitos societarios, de abuso de mercado y administración desleal en la compra de BPI.

CaixaBank, que mantenía una participación minoritaria en el BPI desde 1995, cerró con éxito en el 2017 su opa sobre el banco portugués y pasó a controlar el 84,5 % de su capital, gracias a un desembolso de 644,5 millones de euros.

Según se denuncia en la querella, CaixaBank llevó a cabo una permuta de acciones con Bank of East Asia (BEA) para poder entrar en el accionariado de BPI, que a la postre le habría producido a la entidad un perjuicio de 687 millones de euros, aunque en su momento los administradores sólo habían reconocido un impacto negativo de 14 millones.

Asimismo, en las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2017 se recogía una pérdida de 102 millones de euros, efecto de la "toma de control sobre el banco BPI".

Los querellantes sostienen que CaixaBank concedió un préstamo de 400 millones de euros a Banco de Fomento de Angola (BFA) con objeto de que Isabel Dos Santos, hija del presidente de aquel país y que controlaba cerca del 10 % de BPI, apoyara la entrada de la entidad catalana en el banco luso.

OCHO PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS

Ahora el magistrado, en su providencia, cita a ocho personas, físicas y jurídicas, implicadas, entre las que también se encuentran dos asesores de la presidencia, Alejandro García Bragado y Óscar Calderón, para los días 28 y 29 de septiembre, respectivamente.

El próximo martes intervendrá, por su parte, el ex director general de relaciones internacionales Antonio Massanell, y un día más tarde el entonces director de cumplimiento normativo, Juan Antonio Álvarez García.

Además, el juez requiere a la representación de David K.P. Li, consejero de Criteria Caixacorp y presidente del Bank of East Asia, para que aporte un domicilio en el que pueda ser citado a declarar.

Tal como señala De la Mata, las comparecencias "se verificarán mediante videoconferencia con órganos judiciales del lugar de domicilio o, en caso de las personas jurídicas, de su sede social".

Tras los querellados, el magistrado ha emplazado a los autores de los informes periciales incorporados a la causa para que ratifiquen sus trabajos en sede judicial.

En concreto, el jueves 1 de octubre lo harán los responsables del informe de KPMG Forensic aportado por CaixaBank, mientras que los peritos de la acusación explicarán el suyo justo el día después.