La Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA) celebró este viernes que los legisladores de la Unión Europea hayan llegado a un acuerdo para dotar a la UE de un sistema de control de las emisiones de los vehículos más "robusto y eficiente" pero sin incurrir en excesos burocráticos. "El acuerdo alcanzado parece lograr un equilibrio entre el objetivo de hacer que todo el sistema de homologación sea más robusto y eficiente y la necesidad de evitar una excesiva carga administrativa para los fabricantes", declaró en un comunicado el presidente de la ACEA, Erik Jonnaert.

El consenso forjado, una vez sea aprobado de manera definitiva, endurecerá a partir de septiembre del 2020 las normas de control de emisiones contaminantes a los vehículos, como reacción al fraude de Volkswagen del 2015 conocido como 'Dieselgate'. Según el presidente de la ACEA, el acuerdo aportará "la certidumbre legal y la claridad que necesita" la industria automovilística europea.

30.000 euros de multa por vehículo

El Parlamento, el Consejo y la Comisión europeos llegaron a un acuerdo político para elevar "significativamente" el nivel de calidad y la independencia de las pruebas de homologación de los vehículos, aumentando también los controles sobre los automóviles que ya están en circulación en la Unión Europea. Entre las medidas recogidas en el acuerdo destacan las multas de hasta 30.000 euros por cada vehículo en circulación que no cumpla con la normativa europea. Cada Estado será responsable de la inspección técnica de los coches en circulación. La ratio de las pruebas a vehículos en circulación deberá ser de al menos un coche por cada 40.000 nuevos vehículos que circulan por las carreteras.

Auditorías

La propuesta de la Comisión Europea realizada en enero del 2016 ha dado lugar a un marco regulatorio que parece contentar a los fabricantes. Los servicios técnicos serán auditados de forma periódica e independiente, con el objeto de obtener y de mantener la designación por parte de los estados miembros para llevar a cabo los test y las inspecciones de los modelos nuevos. Igualmente, las autoridades nacionales de verificación de cada estado miembro también estarán sujetas a auditorías por parte de la CE para evitar que "los servicios técnicos sean pagados directamente por los fabricantes de vehículos", según subraya el organismo en un comunicado.

En el 2020

El acuerdo, aún sujeto a la aprobación formal del Parlamento Europeo y del Consejo y que será obligatorio a partir del 1 de septiembre del 2020, señala que el Gobierno comunitario podrá llevar a cabo verificaciones de mercado de forma independiente a los estados miembro, con la posibilidad de retirar los vehículos que no cumplan con las normas de homologación en toda la Unión Europea. "Confiamos en que este nuevo sistema de homologación y vigilancia más robusto permitirá a la industria del automóvil recuperar la confianza de los consumidores", dijo Jonnaert. La Comisión Europea además potestad para multar con hasta 30.000 euros al fabricante o al centro de pruebas correspondiente por cada coche que no se ajuste a la normativa, mientras que actualmente el Ejecutivo comunitario solo puede sancionar a los estados miembros y estos, en función de su legislación nacional, penalizar a los fabricantes.