40 millones de euros. Esa es la cantidad que el Gobierno sacará del fondo de contingencia para pagar indemnizaciones por la invalidación del impuesto sobre los hidrocarburos que estableció el Tribunal Supremo. El tributo lo aplicaron algunas comunidades autónomas entre el 2001 y el 2012; y sus ingresos se destinaron a financiar la sanidad. Por ello se conoció como céntimo sanitario, una vía de financiación extraordinaria para paliar la insuficiencia financiera de la sanidad, que incluía un tramo estatal y otro autonómico.

Además, el Ejecutivo recurrirá a otros 4 millones de euros para el pago de costas judiciales durante este año por la misma cuestión y para lo que se había habilitado un crédito inicial de 2,6 millones en el mismo fondo de contingencia. En total, estas costas suman 8,1 millones para hacer frente a las denuncias por este tributo, según explicaron fuentes del Ministerio de Hacienda.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró en el 2014 que la norma, creada a través de una ley del 2001 y derogada a través de la ley de los Presupuestos del Estado del 2012, era contraria a la directiva comunitaria de impuestos especiales. El fallo dejaba la vía abierta a reclamar la devolución de una pequeña parte de los más de 13.000 millones recaudados con ese tributo desde el 2002 al 2012.