La Sareb, el banco malo en el que se aparcaron los activos inmobiliarios tóxicos de las entidades financieras rescatadas, va camino de convertirse en un negocio ruinoso para los contribuyentes. El presidente del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), Jaime Ponce, admitió ayer públicamente por primera vez la «escasa recuperabilidad» de las ayudas aportadas a la empresa presidida por Jaime Echegoyen. Según las cuentas del 2018 que anunció hace unos días, el fondo público solo estima reembolsables 168 millones de euros, con lo que da por perdido el 92,4% de los 2.192 millones aportados por el Estado, frente al 75% del 2017 y el 36% del 2016.

En un artículo incluido en la revista de estabilidad financiera que publica el Banco de España, Ponce ha argumentado que la evolución de la Sareb está «sujeta a riesgos muy significativos derivados del comportamiento del mercado inmobiliario, del ritmo de desinversión y de la capacidad de absorción de sus activos, todo ello en un contexto de gastos financieros y de estructura muy elevados.

Las hipótesis de evolución de estos elementos son difíciles de predecir en un plazo largo, como los ocho años restantes que tiene la Sareb. No obstante, conviene ser cautos y contablemente el FROB ya estima una escasa recuperabilidad de su inversión».

Las perspectivas de la Sareb se han deteriorado de forma vertiginosa. El banco malo, participado en un 45,9% por el Estado y el resto por entidades privadas (básicamente bancos españoles), nació en el 2012 prometiendo una rentabilidad del 14% en sus 15 años de vida. En el 2016, esta supuesta rentabilidad ya estaba más que olvidada, pero Ponce aseguró en el Congreso que preveía recuperar todas las ayudas concedidas, en función del plan de negocio de la sociedad. El pasado enero, en cambio, admitió también en la Cámara baja que las actualizaciones anuales de dicho plan apuntaban a una «cada vez menor recuperación de fondos» públicos, aunque no llegó a dar casi todo por perdido como sí ha hecho ahora.

Operación dudosa / El pasado marzo, en un encuentro al que no se invitó a todos los medios de comunicación pese a ser una entidad semipública, la Sareb anunció unas pérdidas de 878 millones en el 2018, un 55% superiores a las de un año antes y los séptimos números rojos consecutivos desde su creación. «Trabajamos para ganar dinero, pero será difícil que lo hagamos. No estamos aquí para eso, estamos aquí para resolver el problema de origen», aseguró entonces su presidente.

En su artículo para el Banco de España, Ponce ha esgrimido que el traspaso de los activos tóxicos a la Sareb permitió al Estado no tener que inyectar otros 1.300 millones a los bancos rescatados. Teniendo en cuenta que el FROB da por perdidos 2.024 millones, la operación no habría resultado rentable para las arcas públicas. Sin embargo, ha expuesto otro argumento: el traspaso «saneó» los balances de las entidades «de modo tal que se recuperó la confianza» del mercado en las mismas «y permitió a sus gestores recuperar la atención y los esfuerzos en el negocio ordinario». El problema es que ese efecto es casi imposible de cuantificar.