España era, hasta ahora, el país con mayor déficit de la zona euro y el único que aún quedaba bajo la disciplina del procedimiento de déficit excesivo (PDE) de la Unión Europea, después de la salida de Francia el año pasado. Este martes, por fin, se ha roto esta doble maldición.
La oficina estadística Eurostat ha certificado que España registró un déficit público de 29.983 millones en el 2018, equivalente al 2,48% del PIB. Esta tasa, por debajo del 3%, permitirá a España abandonar el procedimiento de déficit excesivo (PDE) en el que estaba inmersa desde el 2009. Además, España cede a Chipre (déficit del 4,8%) el farolillo rojo del déficit en la zona euro.
En concreto, el dato del déficit público del 2,48% para el 2018 validado por Bruselas implica una disminución de 0,6 puntos porcentuales respecto al 3,08% registrado en el 2017 y una caída del 16,5% en términos absolutos, lo que supone una disminución de 5.921 millones sobre el año anterior.
Además, el dato del 2,48% es ligeramente menor al que el Gobierno español comunicó a las autoridades europeas el 29 de marzo, del 2,63%. Esta corrección a la baja de 0,15 puntos porcentuales «se produce como consecuencia del proceso habitual de consultas e intercambio de información realizado con Eurostat por parte de las instituciones españolas», según Hacienda.
El Departamento que dirige María Jesús Montero, ha explicado que los datos comunicados por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) el pasado 29 de marzo contemplaban inicialmente un mayor gasto de la Administración central correspondiente al ejercicio de 2018 basándose «en el principio de prudencia».
Así, por ejemplo, se había cargado contra el 2018 una partida de 900 millones de euros para compensar a Abertis por unas inversiones en la AP-7. Eurostat ha considerado más oportuno retrasar la contabilización de este gasto al momento en que se produzca una sentencia firme ante el recurso presentado por la concesionaria para obtener una compensación mayor.
REGALO ENVENENADO / En la actual coyuntura electoral, la mejora del dato del déficit público correspondiente al 2018 bien podría ser interpretada por algunos como un regalo para el Gobierno socialista, que puede presentar unas mejores credenciales de gestión presupuestaria con las que acallar las críticas de los partidos a la derecha del PSOE. En cambio, ese regalo puede transformarse en un fardo que dificultará el ajuste de las cuentas en el 2019 para el nuevo Gobierno que salga de las urnas.
El actual Gobierno socialista prevé que el 2019 se puede cerrar con un déficit equivalente al 2% del PIB. Previsiblemente el nuevo objetivo será incorporado en la actualización del Programa de Estabilidad 2019-2022 que la ministra de Economía debe remitir al comisario europeo de Asuntos Económicos.
A partir de ahora dejará de tener importancia el criterio del déficit nominal (del 3%); lo que importará es que cada año se cumpla el objetivo de un ajuste del 0,5% del PIB en términos estructurales (sin tener en cuenta la ayuda del ciclo económico) y en caso de «desviación significativa» se podrán activar sanciones.
