El Reino Unido se puede convertir el 1 de noviembre en un país tercero. Tres años después de su decisión de abandonar la Unión Europea, todavía no se sabe ni cómo ni cuándo se producirá el divorcio, pero todo apunta a que no será bien avenido. «Lo que hace unos meses parecía impensable hoy se ha convertido en un escenario más que probable», advertía esta semana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La caída de la libra y una posible recesión de la economía británica, que ya se contrajo un 0,2% en el segundo trimestre después de siete años, y su efecto sobre el resto de economías, componen el peor escenario de una salida sin acuerdo, que incluiría barreras arancelarias y no arancelarias y control aduanero de mercancías y personas.

Un cambio radical que afectará de un día para otro a las relaciones entre España y el Reino Unido, con un fuerte vínculo cultural y comercial. Las inversiones españolas en las islas británicas superaron en el 2017 (último año con datos) los 80.000 millones de euros, mientras que las exportaciones de bienes sumaron 19.000 millones.

EL PLAN / El Gobierno se ha preparado a conciencia, con un plan de contingencia que «cubre todos los ámbitos de la retirada» con, entre otras medidas, el refuerzo de 875 efectivos en aduanas y la posibilidad de adelantar las solicitudes aduaneras antes de la marcha del Reino Unido. Pero ha advertido a empresas, ciudadanos y administraciones que evalúen «en qué medida puede afectarles una salida sin acuerdo» para minimizar su impacto.

El Ejecutivo, por ejemplo, ha acordado un plazo de 21 meses para proteger a los trabajadores y pensionistas cubiertos por los sistemas de Seguridad Social británico y español para garantizar la exportación de pensiones y los derechos a prestaciones por incapacidad temporal, maternidad, paternidad o paro. También protegerá a 14.000 residentes en el Campo de Gibraltar (9.000 españoles) que se desplazan diariamente a trabajar a Gibraltar.

Por su parte, las grandes empresas dicen también estar preparadas. Planes de contingencia y coordinación gubernamental son sus bazas. Aena está «adaptando las infraestructuras, reforzando los equipos y trabajando en coordinación con los distintos ministerios (Fomento, Hacienda, Interior, Agricultura) y con el Gobierno».

Telefónica también cuenta con un plan de contingencia «en temas como cadena de suministro, terminales, roaming, gestión de personas y expatriados», y ha cancelado su programa de deuda en la bolsa de Londres y lo ha trasladado a Dublín.

Iberdrola (Scottish Power) ha estudiado cómo le afectaría un brexit duro y ha concluido que no tendría efectos sobre el negocio. «Hemos estudiado todos los escenarios posibles para continuar suministrando su servicio en óptimas condiciones», afirman. Desde el Santander apuntan que su filial inglesa es 100% británica, se rige «por los reguladores del Reino Unido, opera bajo la ley del Reino Unido, y es autónoma en capital y liquidez».

Pero hay quienes no están tan preparadas: las pymes. «Las pequeñas no están habituadas a exportar a un país tercero», explica Andrés Pereda, director de desarrollo corporativo de la Cámara de Comercio de España, encargado de campañas sobre el brexit. La tercera posición de las exportaciones de bienes siempre se ha repartido entre Italia, Portugal y el Reino Unido y, en los dos últimos años, los dos vecinos han ganado: «Eso puede señalar que algunas empresas empiezan a buscar alternativas».

Según un estudio del Banco de España, una salida sin acuerdo y desordenada podría conllevar una depreciación de la libra del 25%, lo que tendría un impacto directo sobre la economía española. Las compañías con filiales en el Reino Unido serían las más afectadas porque se reducirían sus ganancias para traer a España. Un brexit duro reduciría el PIB español en 0,5 puntos en cinco años, si es ordenado, y más de 0,8 puntos si lo hace de forma desordenada.