Que son las personas más vulnerables económicamente las que tienen mayores dificultades para conservar su vivienda es un hecho evidente. Se refleja con mayor crudeza -además de en la barrera de acceso que suponen los crecientes precios del mercado- en los lanzamientos o desahucios que registran las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Los últimos datos relativos al primer trimestre del 2019 muestran que mientras que las ejecuciones hipotecarias (cuando se reclama la vivienda para saldar la hipoteca impagada) se mueve a la baja (19,2%), los lanzamientos por impago del alquiler no paran de aumentar: el 5,2% hasta marzo de este año.

El 65,9% de los lanzamientos (10.224, es decir, dos de cada tres que se producen) han afectado a personas que no han podido hacer frente al pago del alquiler, como se desprende del informe Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales del CGPJ, que muestra que el número de desahucios practicados durante el primer trimestre alcanzó la cifra total de 15.065, lo que supone un descenso del 2,2% respecto al mismo trimestre del 2018. De este modo, se acumulan 15 trimestres consecutivos en los que se produce un descenso de los lanzamientos hipotecarios.

HIPOTECAS DE LA CRISIS/ La mayor parte de estas ejecuciones corresponde a hipotecas constituidas en el 2007 y 2008, según los últimos datos del Instituto nacional de Estadísticas (INE) sobre desahucios, publicados hace una semana. De esa época son los créditos por importe más elevado y mayor exigencia financiera para el tomador. Tras la crisis, los bancos elevaron los criterios de concesión de préstamos para evitar los impagos, lo que también se ha trasladado a un ritmo de impagados menor.

Las estadísticas judiciales -en línea con las del INE, en las que se apuntaba un descenso del 6% para el total de lanzamientos- se muestran como la consecuencia de un parque de vivienda social insuficiente que no da para atender toda la demanda con menos recursos. En este sentido, la Asociación de Usuarios de Bancos Cajas y Seguros de España (Adicae) reclama más presupuesto público «para aumentar el paquete de viviendas sociales». La asociación, además, aboga por un índice de precios máximos por zonas que pueda estar vinculado con el salario mínimo interprofesional.

Como en trimestres anteriores, Cataluña (con 3.557, que representan el 22,9% del total nacional) fue la comunidad autónoma en la que se practicaron más lanzamientos en el primer trimestre. Le siguen Andalucía (2.499), la Comunidad Valenciana (2.119) y Madrid (1.730). Coinciden esas comunidades con las que tiene precios medios de alquiler más elevados.

Atendiendo solo a los lanzamientos consecuencia de procedimientos derivados de la ley de arrendamientos urbanos (LAU), en el primer lugar volvió a situarse Cataluña (con 2.335, el 22,8% del total), seguida por Andalucía (1.422), (1.365) y Comunidad Valenciana (1.254). En cuanto a los derivados de ejecuciones hipotecarias, la clasificación la encabeza Andalucía (914), seguida por Cataluña (826), Comunidad Valenciana (787) y Murcia (417).

SERVICIOS COMUNES/ El informe incluye también el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes de notificaciones y embargos, aunque el CGPJ advierte de que este servicio no existe en todos los partidos judiciales, por lo que el dato «permite medir la evolución, pero no indica los valores absolutos». Además, explica que «el hecho de que un lanzamiento sea solicitado al servicio común no supone que se haya ejecutado». Con estas premisas, los datos disponibles reflejan que el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes en el primer trimestre fue de 19.913, un 5,6% más interanual. De ellos, 11.625 terminaron con cumplimiento positivo (un 3,6% más).

Por último, los datos de los juicios verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas reflejan 901 demandas en los tres primeros meses, de las que se han resuelto 647.