El fallo que concluye que son los bancos quienes tienen que hacerse cargo del impuesto de actos jurídicos documentados (AJD) amenazaba con convertirse en una nueva batalla judicial al menos hasta que el Supremo anunció ayer la revisión del fallo. Ante la situación judicial que se avecinaba, los bancos anunciaron que no se iban a hacer cargo de la devolución del impuesto a los clientes y que tampoco ante la administración de la Hacienda autonómica-se trata de un impuesto cedido por el Estado- si les reclama el impuesto. De momento, ni las autonomías ni el Estado tienen claro cómo deben proceder en este asunto. Ante esta situación, la mayoría de los despachos de abogados defienden que la alternativa más clara para reclamar es la judicial, pese a que la vía administrativa es posible.

El Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) ha defendido que los clientes tienen derecho a solicitar ante Hacienda las cantidades ingresadas de forma indebida. Respaldan que son las entidades prestatarias las que deben hacer frente a dicho gravamen, y matizan que este tipo de reclamaciones «nada tiene que ver» con la de otros gastos, por lo que no deben plantearse ante la banca sino ante la correspondiente administración tributaria autonómica.

Pero lo cierto es que las autonomías, más allá de explicar que están estudiando la sentencia, no han aclarado si devolverán o no el impuesto cuando sea reclamado por parte de los hipotecados que lo pagaron. «Lo que está claro es que los clientes pueden solicitar la nulidad de la cláusula que les obligó a pagar el impuesto. Y eso deben exigirlo al banco que es quien obligó ese pago. Por lo tanto se trata de una cláusula abusiva de la hipoteca que se puede reclamar judicialmente», afirmó el abogado Jeús Arriaga.

Los gobiernos autonómicos están a la espera de que el Tribunal Supremo aclare el alcance de su resolución, ya que la sentencia del jueves dejaba abiertos frentes muy importantes, particularmente si su aplicación puede ser retroactiva o solo a las hipotecas que se firmen a partir de ahora. De ello se deriva el otro aspecto clave que está sin aclarar: si los clientes podrán pedir la devolución de lo pagado a las haciendas autonómicas y estas a su vez a los bancos.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, destacó ayer que el Gobierno estudia con los servicios jurídicos el alcance de la sentencia para coordinarse con las comunidades autónomas, apuntó la ministra.