Un exfiscal y un abogado de ENI, la multinacional energética y petroquímica de Italia, han acabado entre rejas después de que la policía financiera italiana los arrestara por haber actuado para desviar las investigaciones sobre un supuesto caso de corrupción cometido por la empresa en Nigeria. El caso constituye un nuevo capítulo del megaescándalo destapado el año pasado por la Fiscalía de Milán, que ya encausó a la cúpula de la compañía por la dudosa adjudicación en 2011 de un rico yacimiento petrolífero en ese país africano.

En estas circunstancias, el operativo de la Guardia de Finanzas de Italia ha arrestado este martes a Piero Amara, abogado vinculado a ENI, y a Giancarlo Longo, antiguo fiscal de Siracusa (Sicilia), hoy jubilado. Según las Fiscalías de Roma y Messina, que emitieron las órdenes de detención, ambos habrían sido protagonistas de un complejo entramado cuyo objetivo final era enturbiar, mediante la creación de pruebas y pistas falsas, las investigaciones de sus colegas sobre ENI.

Entre estos episodios, según la prensa italiana, figuraría una falsa denuncia realizada por Alessandro Ferraro, amigo del abogado Amara y quien denunció en 2016 un intento de secuestro vinculado a un ficticio complot internacional organizado contra los directivos de ENI. Una maniobra que, según la Fiscalía de Milán, le habría permitido fraudulentamente a Longo —quien se había adjudicado el informe sobre Ferraro— conocer de cerca las investigaciones de sus colegas milaneses sobre ENI durante meses.

Una trama con aún más frentes abiertos

La compleja trama, por la que también han sido emitidas órdenes de arresto para otras 13 personas —vinculadas también a otros casos—, ha sido destapada un mes después de que el Tribunal de Milán obtuviese en diciembre pasado la autorización para llevar a juicio al consejero delegado de la petrolera italiana, Claudio Descalzi y su predecesor, Paolo Scaroni.

Según la acusación milanesa, Descalzi y Scaroni, junto con Royal Dutch Shell, le entregaron un soborno que rondaría los 1.200 millones de euros a funcionarios del Gobierno de Nigeria, para obtener los derechos de explotación exclusivos del yacimiento Opl 245, uno de los más grandes de África. El juicio, según lo anunciado, empezará el próximo 5 de marzo, un día después de las elecciones generales italianas.

Hasta la fecha, la compañía ha rechazado estas acusaciones y ha expresado “su total confianza” y “máximo apoyo” para Descalzi, tal como dijo ENI en un comunicado emitido en febrero del año pasado. En cambio, preguntado por EL PERIÓDICO, un portavoz de ENI ha indicado que la compañía “está ahora evaluando” si hacer comentarios sobre este nuevo caso.