Unos días después de que la patronal de los fabricantes (Anfac) pidiese al Gobierno 200 millones anuales «durante dos o tres años» para reducir la edad media del parque español, que se sitúa en 12 años, los concesionarios (Faconauto) reclamaron ayer un plan de achatarramiento de 500 millones al año hasta el 2025. En total, 2.500 millones de euros para sustituir 2,5 millones de coches con más de 10 años de antigüedad. La ayuda por vehículo sería de 2.000 euros por coche -1.000 euros del Estado y 1.000 de los fabricantes y concesionarios-.

El plan que propone incluye a cualquier tecnología, desde diésel, gasolina, híbridos e híbridos enchufables. No así a los coches eléctricos, para quienes los concesionarios plantean un plan adicional, también con una duración de cinco años pero con una dotación total de 1.000 millones de euros. Con el objetivo de impulsar la adquisición de 200.000 eléctricos, solicitan al Ejecutivo ayudas de 5.000 euros por coche, a las que se podrían sumar hasta 5.000 euros más de las subvenciones que pacten concesionarios y fabricantes en cada caso.

Faconauto no solo exige ayudas a la compra; la patronal también demanda 500 millones de euros para instalar electrolineras de recarga rápida y de recarga normal en España con la premisa de facilitar el uso del vehículo eléctrico a la ciudadanía. «Hasta que el coche eléctrico no tenga una mayor autonomía, haya más puntos de recarga y el cliente lo pueda recargar en su casa, el vehículo eléctrico no tendrá una explosión», criticó el presidente de Faconauto, Gerardo Pérez.

Todas estas reclamaciones de Faconauto al nuevo Ejecutivo fueron presentadas ayer durante una rueda de prensa en la que también se habló de revisar la fiscalidad de los vehículos para que los impuestos se destinen al uso que se hace del vehículo y no a la compra. La patronal propuso también eliminar el impuesto de matriculación y asociar el de circulación a las emisiones para favorecer a los menos contaminantes.