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Negociaciones en curso

La cuarta prorroga de los ertes se atasca en el modelo de ayudas a las empresas

Seguridad Social persiste en premiar en mayor medida a aquellas compañías que desafecten progresivamente a sus trabajadores. Patronal y sindicatos defienden que los recursos deben redirigirse hacia aquellas firmas que no puedan retomar su actividad

 

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. - EUROPA PRESS / E. PARRA

GABRIEL UBIETO
16/09/2020

Las negociaciones para la cuarta prórroga de los ertes de la covid entran en su recta final, con varios puntos importantes todavía por consensuar entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos. El frente en el que se baten actualmente los agentes sociales y el Ejecutivo es el de definir qué modelo de ayudas para las empresas en erte debe imperar a partir de octubre. La Seguridad Social, el ministerio que lleva la voz cantante en este tema, defiende el modelo imperante hasta ahora que premia en mayor medida a aquellas compañías que desafecten progresivamente a sus trabajadores. Un enfoque que genera el rechazo de patronal y sindicatos, que defienden que los recursos deben redirigirse hacia aquellas firmas que no puedan retomar su actividad.

¿Cuánto cuesta mantener el actual modelo de los ertes de la covid? Este es el quid de la cuestión que se aborda actualmente en las negociaciones. Y una cifra que Seguridad Social se resiste a clarificar, tanto en público como en la mesa de diálogo social. "Tenemos serias dudas de que los datos de Seguridad Social sean reales", ha cargado este miércoles el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi; tras la junta directiva de la patronal. El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández del Cos, ha cerrado filas con la CEOE y ha instado al Gobierno a no escatimar en recursos. "Los riesgos de una retirada prematura son mayores que los de un mantenimiento de los estímulos", ha afirmado.

La ministra portavoz, María Jesús Montero, cifró el pasado martes el coste de las ayudas públicas a los ertes en entre 4.500 y 5.000 millones de euros. Una cifra que más cercana al momento álgido del confinamiento, con 3,4 millones de trabajadores afectados, que al actual. Pues dicho coste, a medida que se han ido reactivando las empresas, ha ido disminuyendo. En cuestión de prestación por desempleo, el SEPE (dependiente del Ministerio de Trabajo) desembolsó en mayo 3.425 millones de euros; cifra que en agosto había bajado hasta los 867 millones de euros. A este monto cabría añadir el coste de las exoneraciones a las empresas de las cotizaciones, pero desde CEOE señalan que su volumen total "es muy inferior al dato que se está dando públicamente".

18 de septiembre: el reloj corre

El ritmo de negociaciones entre el Ejecutivo y los agentes sociales es de reunión técnica por día. Las partes están citadas de nuevo este miércoles a las cinco y media de la tarde para tratar de acercar posturas, con la primera fecha límite del 18 de septiembre cada vez más cerca. Pues las partes se emplazaron a no agotar el plazo último del 30 de septiembre y tratar de tener un acuerdo antes de este viernes.

El modelo de ayudas es ahora el escollo clave, aunque no el único. El ministro Escrivá se ha mostrado hasta ahora inflexible con el actual modelo de incentivar salidas. Un modelo que desde la Seguridad Social consideran exitoso para explicar el descenso de los afectados por suspensión. Pues de los 3,4 millones de trabajadores afectados en mayo se ha pasado a 812.438 personas en agosto. Su colega en la mesa de diálogo social, Yolanda Díaz, no se ha pronunciado en contra públicamente sobre este modelo, aunque tampoco ha evidenciado el mismo entusiasmo.

Patronal y sindicatos sí que se muestran abiertamente contrarios a mantener este modelo. Pues consideran que el margen para las empresas que emplean a esos 812.438 trabajadores carecen de margen en los próximos meses para seguir desafectándolos. Y, en consecuencia, exigen una mayor inversión de recursos en exonerar cuotas para las empresas que se mantengan en erte total.

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández del Cos, ha considerado que la extensión de las ayudas públicas "tiene que adaptarse a las circunstancias”, que ha reconocido que en la fase actual de la crisis es “claramente más difícil de gestionar".