El Gobierno aprobó ayer oficialmente en el Consejo de Ministros la mayor oferta de empleo público (OEP) en los últimos once años, superando la del pasado julio, que ya era la mayor desde el 2008. Finalmente serán un total de 33.793 plazas las que el Ejecutivo sacará a oposición para este ejercicio del 2019. El saldo final, descontando los puestos de promoción interna, estabilización y las jubilaciones previstas, será de 2.359 nuevos empleados públicos y estos pueden tardar hasta un año en acabar tomando posesión de la plaza.
Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y las fuerzas armadas les será asignadas un total de 7.375 plazas y para la estabilización, es decir, el pase de interinos a indefinidos, la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, anunció un total de 5.254 plazas, entre Administración General del Estado (AGE) y Administración de Justicia. Las plazas anunciadas ayer tras el Consejo de Ministros incluyen también contemplan las 383 plazas ya anunciadas para reforzar los servicios de exteriores pendientes del ‘Brexit’.
La oferta final del Ejecutivo mejora la primera propuesta trasladada el pasado miércoles a los sindicatos y habilita recursos para combatir el envejecimiento de la plantilla de la AGE. Batet ha cifrado la media de edad de esta en 52 años, diez más que la media del conjunto del mercado de trabajo, y con una previsión de jubilación del 51% de los empleados públicos en la próxima década.
La ministra también ha destacado la «pérdida de efectivos muy notable» que ha experimentado la Administración General del Estado durante los últimos años, que ha cifrado en 36.512 entre el 2009 y el 2019. Para paliar dicho descenso, Batet ha avanzado que los servicios de atención a la ciudadanía, como los de Tráfico, el catastro o los servicios de empleo, serán los más reforzados con esta convocatoria.
Los sindicatos aprovecharon la publicación de la cifra final de crecimiento del PIB, conocida también ayer, para exigir al Gobierno la subida complementaria del sueldos para los funcionarios. La economía española cerró el 2018 con un crecimiento del 2,6%. Ello implica que se cumplió uno de los supuestos para la subida salarial de los funcionarios.
En el II Acuerdo para la mejora del empleo público, cerrado en marzo del 2018 con el anterior Gobierno del PP, las centrales pactaron un incremento mínimo del 2,25%, que podía escalar en 0,25 puntos dependiendo de la administración responsable de aplicarlo y otros 0,25 puntos si el PIB español cerraba el 2018 por encima del 2,5%. El PSOE aprobó en el BOE el pasado 27 de diciembre el primer aumento.
