El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves la tramitación como proyecto de ley de la llamada 'tasa Google', el impuesto que regula el impuestos sobre determinados servicios digitales, que grava a las empresas digitales con ingresos superiores a los 750 millones de euros a nivel internacional, o más de tres millones en España, con un tipo del 3% a los ingresos generados por servicios de publicidad dirigida en línea, servicios de intermediación en línea y la venta de datos obtenidos a partir de información proporcionada por el usuario.

La aprobación del texto ha salido adelante con los votos en contra del PP, Vox y Ciudadanos, que había presentado enmiendas a la totalidad al texto debatido . El texto fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 18 de febrero, y según ha defendido la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, "responde a la necesidad de hacer frente a los retos que desde el punto de vista fiscal plantea la digitalización de la economía". El respaldo del Congreso es el paso previo a la tramitación de la ley en la Comisión de Economía y su tramitación posterior en el Parlamento.

Montero ha recordado en su exposición que España tiene ingresos fiscales del 37% en relación al producto interior bruto (PIB). "Somos el país con menos recaudación de la eurozona. La aplicación de este impuesto es una verdadera necesidad", ha insistido la ministra, que ha salido así al paso de las criticas que acusan a España de quedarse siempre atrás en la adopción de medidas fiscales. "Ahora las enmiendas presentadas por la oposición critican lo contrario. Si España se queda a la cola, mejor para algunos", ha comentado Montero en relación con las críticas planteadas por el 'bloque del no' --PP, Vox y Ciudadanos-- que defienden que no es el momento de aplicar un impuesto como este porque se aprueba sin un consenso en el seno de la Unión Europea y de la OCDE. "No es oportuna la aprobación del impuesto porque debe ser acordado en los entrono internacionales. Es necesario que esté armonizado en el contexto internacional para que no se produzca desequilibrios en su aplicación", ha defendido el portavoz del PP, como previamente lo había hecho también los portavoces de los otros dos grupos parlamentarios.

Los 'populares' consideran que este impuesto sería "la puntilla" para la economía española y "profundizaría la recesión", pues creen que justo va "en el sentido contrario" a lo que necesita el país frente a esta crisis pues, en el ámbito fiscal, consideran "muy obvio que las medidas deben ir por rebajas y no por subidas".

El impuesto se ha diseñado en línea con la directiva comunitaria propuesta en marzo del año pasado para gravar este tipo de actividades, de forma que España será el primer país de la UE que se adapta a la estructura prevista por la Comisión Europea. Francia ha anunciado su intención de secundar el ejemplo español. En otros países, como Italia y Hungría, existen otras formas de gravámenes sobre servicios digitales. El Gobierno español ha rebajado a 968 millones la previsión de recaudación anual por el nuevo impuesto digital. Hace algo más de un año, la previsión de recaudación por el impuesto era de 1.200 millones de euros anuales.

Alcanzar la recaudación

Esas cifras, en todo caso han servido para justificar la negativa de los grupos que se oponen al proyecto, que ha subrayado la imposibilidad de alcanzar esa recaudación con el impuesto. De hecho el portavoz de Vox ha destacado que las previsiones de Francia son recaudar 900 millones de euros con el impuesto, cuando lo ponga en marcha, con una población que dobla a la española.

La ministra de Hacienda ha señalado en su intervención que desde la declaración del estado de alarma los partidos conservadores ha pedido más gasto público, "pero a la hora de avanzar hacia una nueva fiscalidad se declaran objetores. Objetan un impuesto pensado para gravar a multinacionales que apenas contribuyen en países donde tiene beneficios", ha señalado. De hecho esos partidos han subrayado el "carácter recaudatorio" del impuesto, como los partidos que han dado su apoyo han insistido en la necesidad de mejorar la recaudación en una situación en la que la crisis del covid-19 ha provocado un incremento muy significativo del gasto y es necesario para contribuir, en parte, "al sistema de salud, al escudo social contra la crisis y ayudar a los colectivos más perjudicados por la crisis", tal como ha señalado la portavoz socialista durante su intervención.