Los bancos tendrán más difícil iniciar los trámites para ejecutar las hipotecas en caso de impago y proceder al desahucio de su cliente. Les resultará incluso más arduo que lo propuesto por el anterior Gobierno. La mayoría de los grupos parlamentarios del Congreso pactaron ayer endurecer las condiciones para que las entidades puedan declarar el vencimiento anticipado del crédito por incumplimiento del hipotecado. Se trata del paso previo para exigir al deudor el pago total de la deuda pendiente y, en caso de no abonarse, iniciar el proceso de ejecución, alzamiento y desahucio.

El proyecto de ley de contratos hipotecarios propuesto el año pasado por el ministro Luis de Guindos fijaba que las entidades podrían declarar el vencimiento anticipado si el hipotecado había dejado de pagar las cuotas durante nueve meses (hasta el 2013 valía con una y desde entonces con tres) o la cantidad en mora equivalía al 2% del capital del crédito en la primera parte de la vida del préstamo, y durante 12 cuotas o el 4% del capital en su segunda parte. Los partidos pactaron elevar estos topes a 12 cuotas o el 3% y a 15 cuotas o el 7%, respectivamente, como propuso el PSOE.

También acordaron que el código de buenas prácticas creado por el Gobierno del PP en el 2012 para evitar los desahucios se aplique a todas las hipotecas. Este protocolo obliga a las entidades que se adhirieron al mismo, prácticamente todas, a ofrecer a las familias más desfavorecidas que no puedan pagar sus hipotecas (cerca de 54.800 hasta junio) distintas opciones: una reestructuración o quita de la deuda, o la dación en pago con un alquiler social. Hasta ahora solo era aplicable para créditos firmados antes del 2012.

PENALIZACIÓN MENOR / La mayoría de los grupos también acordó reducir los intereses en caso de demora en los pagos de las cuotas más de lo previsto por el anterior Ejecutivo del PP. Guindos estableció un pago equivalente al triple del interés legal del dinero sobre el principal pendiente de pago. En el 2018 supondría un interés del 9%. Los diputados pactaron rebajarlo al interés del crédito más tres puntos porcentuales, uno más de lo establecido en su día por el Tribunal Supremo a falta de una ley específica. El tipo medio de las nuevas hipotecas ronda el 1,9%, con lo que el de demora sería del 4,9%.

Los diputados tenían previsto acabar ayer la negociación de las enmiendas al proyecto de la ley, pero no pudieron. Se volverán a reunir el martes que viene, con el objetivo de completarla, votar el texto en la Comisión de Economía el 4 de diciembre y llevarlo al pleno del Congreso el 12 de diciembre. Su intención es que llegue antes de que acabe el año al Senado, donde se tramitará por procedimiento de urgencia, y que el Congreso le dé la luz verde definitiva a principios del 2019.

Quedan por negociar aspectos en los que no se alcanzado acuerdo, como si habrá sanciones si los bancos no evalúan correctamente la solvencia de sus clientes o las comisiones por reembolso anticipado y novación.