No es lo mismo heredar en Aragón o Asturias que en Andalucía, Canarias o Madrid. Un hijo que, por ejemplo, herede 800.000 euros de su padre residente en Asturias tendrá que tributar este año 103.135 euros. El pago se quedaría reducido a 9.800 euros si el padre tuviera su residencia en Cataluña; a 1.586 euros, en Madrid; y a cero euros, en Andalucía, según algunos de los ejemplos del informe Panorama de fiscalidad autonómica y foral que cada año publica el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF).

Consciente de este abismo, el hijo de un jubilado asturiano optó por empadronar a su padre en su propio domicilio madrileño. Cuando el progenitor murió, el heredero logró un considerable ahorro fiscal. No contaba con las comprobaciones de la hacienda autonómica asturiana, que tras recopilar datos sobre el consultorio médico habitual del fallecido, el uso de cajeros automáticos y la suscripción de su periódico obtuvo rápidas evidencias de que en los cinco años previos a su deceso el hombre había conservado su residencia habitual en Oviedo. Este caso, pendiente de resolución, que relata un asesor fiscal ilustra algunas de las consecuencias de la competencia fiscal a la baja en el impuesto de sucesiones en la que se han enredado las comunidades.

ÚLTIMOS MOVIMIENTOS / Los últimos en sumarse han sido los gobiernos socialistas de Andalucía y Extremadura. Fruto de su pacto de investidura con Ciudadanos, la presidenta andaluza, Susana Díaz, ha puesto en marcha en el 2018 un mínimo exento de tributación de un millón que, en la práctica, deja libre de impuestos la mayor parte de lo heredado por los familiares más directos (cónyuge, ascendientes y descendientes). Los gobiernos de Murcia (PP), Castilla y León (PP) y Cantabria (PRC) también se han incorporado este año a la competición a la baja que en su día lideró Madrid (PP). Igualmente, ha introducido cambios Asturias (PSOE), sin lograr evitar que continúe siendo la segunda región que más grava las herencias, solo por detrás de Aragón (PSOE).

El informe elaborado por el órgano especializado en fiscalidad del Consejo General de Economistas de España pone de manifiesto que «la competencia fiscal entre comunidades autónomas es dispar». Mientras que en el IRPF no hay una tendencia definida al alza o a la baja, en sucesiones y donaciones la competencia es claramente a la baja. En sentido contrario, la tendencia es al alza en el impuesto sobre transmisiones, que grava la compra de viviendas de segunda mano.

La carrera fiscal a la baja en el impuesto de sucesiones ha reducido su recaudación el 13% desde 2008 hasta dejarla en 2.423 millones en 2016. «La caída será más abrupta cuando se incorporen los datos del 2018, con los cambios en Andalucía y Extremadura», anticipa Luis del Amo, secretario técnico del REAF.

Con razón o sin ella, la idea que subyace entre quienes propugnan una carrera a la baja en sucesiones es que se trata de un impuesto injusto que grava a las clases medias, mientras que los ricos encuentran la forma de sortearlo.

DEBATE ELECTORAL / Esta convicción ha llevado al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, a proclamar que este tributo «es un impuesto obsoleto que hay que suprimir». Lo que propugna Cs es «una armonización a la baja» del impuesto», tomando como referencia el modelo de Andalucía y respetando las bonificaciones adicionales existentes en otras comunidades, «de modo que la clase media deje de tributar por las herencias».

Los expertos que en julio pasado entregaron al Gobierno un libro blanco para la reforma de la financiación autonómica abogan por «introducir unos niveles mínimos de tributación que impidan que una posible espiral de competencia a la baja termine con la práctica desaparición de este tributo», al que atribuyen una gran capacidad de «redistribución» de la riqueza.