La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo a las normativas de viviendas turísticas de Madrid, Bilbao y San Sebastián por considerarlas «contrarias a la competencia y a los principios de regulación económica eficiente», además de perjudiciales para los consumidores y usuarios. Lo anaunció ayer en un comunicado en el que denuncia los «efectos restrictivos» de las tres por impedir la entrada de nuevos operadores y consolidar a los ya instalados, lo cual consideran que «provocará precios más elevados y reducirá la calidad, la inversión y la innovación en los alojamientos turísticos».
Se refiere Competencia a la prohibición en Madrid y San Sebastián de otorgar nuevas licencias en determinados barrios o a la norma de Bilbao y San Sebastián que establece que solo pueden ser viviendas turísticas las plantas bajas o primeras de los inmuebles, salvo que tengan acceso independiente a la calle.
Y califica de «obstáculos» a la libre competencia la obligación de tener una licencia para poder alquilar este tipo de alojamientos en Madrid y en Bilbao, y las exigencias bilbaínas de establecer un máximo de tres habitaciones por vivienda y la limitación a edificios de uso residencial. «La CNMC considera que las medidas no garantizan una mayor calidad de los alojamientos ni protegen adecuadamente a los ciudadanos», sostienen.
Es la primera vez que el superregulador va en contra de los ayuntamientos en la regulación de viviendas turísticas tras haber tomado estos el relevo de las comunidades.
Desde el organismo presidido por José María Marín Quemada pidieron a los ayuntamientos que modificaran sus normas antes de la interposición de este recurso, pero la respuesta no fue satisfactoria para la CNMC -el Ayuntamiento de Bilbao confirmó a Efe que el pleno de la corporación rechazó el requerimiento el 31 de mayo-, por lo que esta decidió acogerse a su derecho a impugnar ante los tribunales aquello con rango inferior a ley que presenten obstáculos para la libre competencia.
Desde Madrid respondieron a este periódico que defenderán la norma local cuyo objetivo es «poder regular un sector que proteja los usos residenciales del suelo», así como favorecer la competencia del sector.
