La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) acordó ayer reclamar la devolución de los 368,4 millones de euros que Escal, sociedad participada por la constructora ACS, la gasista Enagás y las entidades Banco Santander, Bankia y Caixabank, recibieron tras la paralización del almacén de gas Castor, la plataforma que se construyó a unos kilómetros de la costa de Castellón pero que cesó su actividad antes de empezarla, al iniciarse una crisis sísmica perceptible desde los municipios más próximos.

Esta revisión de oficio de la CNMC vino motivada por la sentencia del Tribunal Constitucional del 2017 en la que se declaró la nulidad e inconstitucionalidad de los efectos económicos aprobados por el Gobierno del PP en el año 2014 cuando aprobó un decreto ley de medidas «urgentes» para compensar a las compañías promotoras del proyecto, tras la paralización del almacén de gas. La indemnización ascendía a 1.350,7 millones de euros para las empresas promotoras del proyecto, cuya mayoría estaba en manos de Escal, sociedad participada en un 66,67% por ACS, constructora presidida por el primer mandatario del Real Madrid, Florentino Pérez.

Desde enero del 2016, todos los consumidores de gas abonaban a través de su factura mensual alrededor de 2 euros (en concreto, 1,75 euros) para compensar a las empresas promotoras, hasta que el TC señaló que el decreto del Gobierno no estaba justificado y que se debía dejar de pagar a las cinco empresas. Pero ACS, antes de la sentencia, había titulizado la deuda en los bancos (Banco Santander, Bankia y Caixabank), por lo que ya se le había empezado a devolver parte del dinero.

COMPETENCIA / Entonces, Competencia paralizó los pagos para abonar los derechos de cobro (6,7 millones mensuales) y abrió un expediente para recuperar lo abonado a las empresas hasta ese momento, alrededor de 400 millones de euros. Posteriormente, la CNMC tuvo que pedir autorización al Consejo de Estado y tras un informe favorable, la sala aprobó ayer la autorización para iniciar el proceso de devolución a cada una de las entidades afectadas.

En este sentido, el pleno de la CNMC acordó exigir un total de 368,4 millones de euros. En concreto, la CNMC reclama 195 millones de euros (sin intereses) a la sociedad Escal (ACS), 71,9 millones de euros al Banco Santander, 48 millones de euros a Caixabank, 32,4 millones de euros a Enagás Transporte y 21,1 millones de euros a Bankia.

Las inyecciones de gas natural empezaron en abril del año 2012 y en septiembre del 2013 se empezaron a producir las crisis sísmicas que acabaron en cierre.