Por primera vez y gracias al llamado 'caso Bankia' se ha llamado a declarar en calidad de investigados a los máximos responsables de los organismos supervisores españoles del sector financiero por posibles irregularidades en el desempeño de su función supervisora. El juez instructor ha citado a los responsables de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y del Banco de España en el momento de la constitución de BFA-Bankia y su posterior salida a bolsa. En concreto, el exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y el expresidente de la CNMV Julio Segura, deben declarar esta semana junto a otros seis exdirectivos de ambos organismos como investigados, lo que antes se conocía como imputados.

La citación responde a unos correos en los que el equipo de inspección del Banco de España advertía reiteradamente "de la inviabilidad del grupo y de que la solución de salida a bolsa no debía ser aprobada, pues suponía grave perjuicio para accionistas, preferentistas y contribuyentes (estimado en unos 15.000 millones de euros)".

PROCESO

El juez instructor del 'caso Bankia', el juez Fernando Andreu, rechazó en varias ocasiones citar a los responsables del organismo supervisor y regulador. La primera vez fue el 1 de julio del 2016, cuando la acusación popular Confederación Intersindical de Crédito (CIC) solicitó por primera vez de llamar a declarar a los máximos responsables del Banco de España y la CNMV por la operación bursátil.

La última fue el pasado 28 de noviembre, aunque la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dio por buena la tesis de los recurrentes sobre el hecho de que la jefatura del Banco de España tuvieron "noticias directas y fehacientes" de la inviabilidad del grupo y de la "inidoneidad de su salida a bolsa en la modalidad de doble banco consta indiciariamente acreditado en las diligencias", que se conoció a través de la testifical de Casaus, el pasado 5 de septiembre, que el tribunal calificó de "contundente".

Finalmente, el magistrado de la Audiencia Nacional ha llamado a estas personas como investigados "cumpliendo lo ordenado por la Superioridad", en referencia al auto dictado el pasado 13 de febrero por la Sala para citar a declarar a los entonces responsables del Banco de España y la CNMV. En este auto con fecha del 13 de febrero, los magistrados de la Sala, Antonio Díaz Delgado, Clara Eugenia Bayarri y Ana María Rubio, pidieron la imputación de estas personas al admitir parcialmente el recurso de la CIC contra el último auto del juez Andreu en el que rechazó la práctica de unas diligencias solicitadas.

INSISTENCIA DE LA CIC

La acusación popular ha venido insistiendo en varias ocasiones en la imputación de la antigua cúpula el Banco de España por la salida a bolsa de la entidad nacionalizada, si bien el instructor siempre se ha negado a citarles.

Ante esto, la Sección Tercera analizó la testifical y los correos electrónicos aportados en la causa del inspector del BdE José Antonio Casaus y califica de "razonable" y "razonada" la pretensión de la CIC sobre la base de la existencia en este procedimiento de indicios "múltiples, bastantes y concurrentes de criminalidad respecto de los responsables del Banco de España y la CNMV en cuanto garantes e indicativos de la corresponsabilidad de ambos en los hechos investigados".

Sin embargo, la Sala rechazó otras peticiones de la CIC, como la solicitud de que se oficie al Banco de España para que aporte todos los correos electrónicos. Por otro lado, los jueces creen que la fase actual de la instrucción, tal y como sostienen los recurrentes, no es el momento procesal para circunscribir el ámbito del procedimiento a una determinada calificación jurídicas de los hechos (posible estafa de inversores del artículo 182 bis del Código Penal), como ha realizado el instructor, sino que no procede verificarse hasta finalizada la investigación.

CITACIONES

Andreu también llama en calidad de investigados, y de acuerdo al auto de la Sala, al exdirector general de Supervisión Mariano Herrera García-Canturri, exdirector adjunto general de Supervisión Pedro Comín, exdirector general del Departamento de Inspección IV Pedro González --estos tres dimitieron de sus cargos el pasado 13 de febrero tras conocer la decisión de la Sala para que "no afecte al desarrollo de las funciones de supervisión del Banco de España"--. También al exdirector general de Supervisión Jerónimo Martínez Tello y al exgobernador de BdE Francisco Javier Aríztegui Yáñez.