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La desigualdad en el mundo laboral

Clamor para reprimir el fraude en la temporalidad

El PSOE exige cambios legales y también más inspección. Los sindicatos y la oposición piden a Báñez medidas de sanción concretas

 

En la hostelería es donde se registran más contratos temporales. - DANNY CAMINAL

Salvador Sabriá Salvador Sabriá
27/01/2018

El nuevo anuncio de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, de incrementar las sanciones a las empresas que realicen contratos temporales de forma fraudulenta provocó ayer un alud de reacciones de sindicatos y de la oposición que reclamaron al Gobierno más concreción y menos anuncios en un tema que afecta de lleno a la calidad del empleo.

El hecho de que la temporalidad se haya enquistado en el mercado laboral español en un porcentaje cercano al 27%, con un alza incluso respecto al 2016 pese al incremento de empleo y la reducción de la tasa de paro a niveles del 2008, ha acentuado la exigencia de medidas para frenar esta tendencia.

«Ya no estamos en la época de continuar haciendo propuestas sin concretar, sino de llevarlas a mesa del diálogo para la calidad del empleo y estudiarlas entre todos», declaró ayer el secretario general de UGT, José María Álvarez. «O que diga qué sanciones son las que promete, lo contrario es humo y no vamos a seguir haciéndole el juego» a la ministra, añadió el sindicalista.

UGT y CCOO ya enviaron hace unas semanas al Ministerio de Empleo y Seguridad Social una serie de propuestas sobre este problema, para reforzar el carácter «excepcional» de la contratación temporal causal». Una de sus demandas es eliminar el contrato indefinido de apoyo a los emprendedores, porque consideran que en realidad es «un contrato temporal encubierto». Las centrales también proponen incrementar las cotizaciones a la Seguridad Social de los contratos temporales y reforzar la exigencia del principio de igualdad entre temporales e indefinidos.

El PSOE se sumó al endurecimiento a la temporalidad injustificada propuesto por Báñez, aunque advirtió de que es necesario reformar la ley e incrementar los mecanismos de control. El responsable económico y laboral del comité ejecutivo del PSOE, Manu Escudero, señaló en el Congreso que el abuso de la temporalidad «es un problema más profundo, por una parte de legislación», pero también de «vigilancia, control y sanción».

Durante su comparecencia ante la Comisión de Empleo y Seguridad Social del Congreso, Báñez avanzó el pasado jueves que el Gobierno llevaría a la negociación abierta con CCOO y UGT y las patronales CEOE y Cepyme el endurecimiento de las sanciones, abriendo expedientes por cada contrato temporal sin justificación en una empresa.

Actualmente, una empresa recibe una sanción si se detecta fraude en la contratación temporal de sus empleados, y el importe de la sanción varía en función del número de trabajadores afectados por esta situación. Según el Gobierno, esta nueva interpretación incrementará la cuantía del castigo.

CUANTÍA DE LAS SANCIONES / El fraude en la temporalidad está considerado en la ley actual como una infracción grave si se transgrede la normativa «sobre modalidades contractuales, contratos de duración determinada y temporales, mediante su utilización en fraude de ley o respecto a personas, finalidades, supuestos y límites temporales distintos de los previstos legal, reglamentariamente, o mediante convenio colectivo». La cuantía de las sanciones oscila entre 626 y 6.250 euros como máximo, aunque el fraude afecte a muchos trabajadores.