La Comisión Europea ha pedido al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) que imponga a España una multa de 105.991 euros por cada día de retraso para reformar la ley hipotecaria, cuyo proyecto de ley el Consejo de Ministros aprobó el 3 de noviembre y ahora tiene que superar los trámites en el Congreso y en el Senado. Así se desprende del recurso presentado por el Ejecutivo comunitario ante la justicia europea el 27 de septiembre, en el que solicita que se imponga esta sanción desde el momento en que el TJUE corrobore en una sentencia el incumplimiento de la obligación de adoptar o notificar las disposiciones necesarias para cumplir con la directiva sobre contratos de crédito. El Gobierno prevé que la ley entrará en vigor en enero, aunque podría acelerarse.
Esta normativa debía haber sido traspuesta por los estados miembros a sus legislaciones antes del 21 de marzo del 2016. Bruselas abrió este procedimiento de infracción en mayo del 2015 y envió un dictamen motivado en noviembre del 2016. Finalmente, la Comisión Europea denunció a España ante el TJUE este abril, junto a Croacia, Chipre y Portugal, por retrasarse en su obligación de adaptar sus normativas nacionales.
