La festividad del Primero de Mayo debe ser la expresión del malestar que acumula la sociedad ante un reparto de la riqueza desigual en la salida de la crisis. Unai Sordo y José María Álvarez, secretarios generales de CCOO y UGT, respectivamente, han puesto ya la pancarta a la tradicional manifestación de los trabajadores: será un punto de inflexión que mostrará la «mala leche acumulada» por buena parte de la sociedad que no solo no nota los efectos de una recuperación de la economía, sino que sigue padeciendo recortes y situaciones de discriminación injustificables, como son la escasa subida de las pensiones, la brecha de los salarios y trabajos entre mujeres y hombres y la precariedad del empleo y los escasos sueldos que se pagan.

El clima de malestar social no ha bajado desde el Primero de Mayo del año pasado. Por el contrario, han aumentado las protestas, la más clara, la de los pensionistas. A ello hay que sumar la extensión de la conciencia de la discriminación de las mujeres y de la precariedad creciente en el mercado laboral que se produce tras la destrucción de empleo con puestos de trabajo de baja cualificación y vinculados a la temporalidad. Hay «indignación y rabia» ante la posibilidad de que se instale un «horroroso modelo de país de salarios bajos, precariedad laboral y protección social menguante», dijeron Álvarez y Sordo.

Para los sindicatos mayoritarios no habría motivos para alterar la paz social en un país que crece en tasas del 3%, como reconocen los organismos internacionales. La causa de las quejas de los ciudadanos se debe, entre otras, a que este «es un país que crece y en el que hay dinero, pero cada vez en menos manos», indicó Álvarez. La advertencia sindical va dirigida tanto al Gobierno como a las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme. En ambos frentes, el diálogo social está caso paralizado y la falta de acuerdos es clamorosa.

La nula receptividad de la que UGT y CCOO acusan a las patronales se debe a que éstas se han instalado en una «zona de confort» facilitada por las dos reformas laborales y de pensiones y la política económica y fiscal del PP. En este marco, la patronal «apenas tiene estímulos» para llegar a acuerdos con las centrales que marquen la negociación colectiva en las empresas con el objetivo de que el salario mínimo de convenio sea de mil euros y abordar un plan de calidad del empleo. La mejora de la productividad, denuncian Sordo y Álvarez, es a costa del esfuerzo de los asalariados.

La política fiscal del Ejecutivo es otra de las causas por las que España no presenta un saldo social favorable tras la crisis. «Los que defraudan deben estar muy contentos», subrayó el líder de UGT, a lo que el de CCOO apostilló que España no debe apuntarse al «populismo fiscal» que practican el PP y Ciudadanos y competir por no pagar impuestos.

CCOO y UGT consideran de gran importancia la movilización que desde los distintos sectores confluirá el Día Internacional de Trabajo en las 80 marchas convocadas en otras tantas ciudades. La visibilidad alcanzada en los últimos meses por los jubilados y las camareras de piso es fruto de una denuncia sostenida que las centrales mayoritarias alientan desde hace años.

El empuje de estos movimientos ha tenido consecuencias favorables, señalaron Álvarez y Sordo: Rajoy ha recibido a las kellys y el proyecto de presupuestos generales prevé una subida de las pensiones más bajas. Los líderes sindicales advierten de que las fotos efectistas con trabajadores en precario no acaban con la precariedad ni la desigualdad, por lo que hicieron un llamamiento a los empresarios y al Ejecutivo a que no desprecien las protestas sociales y acuerden medidas para frenar el impacto desigual del crecimiento económico.