El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, pidió ayer a las instituciones un cambio en la ley de insolvencias que permita otorgar mayor seguridad jurídica a las entidades financieras que compren otras en quiebra para rescatarlas. Durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados, ante la comisión que investiga la crisis financiera, Gortázar evocó la elevada litigiosidad en la que se está viendo envuelto el Santander tras la rápida operación de compra del Popular en junio del 2017 por un euro.

«En función de cómo se desarrollen las responsabilidades del último proceso de resolución habido en España, es posible que no aparezca ningún voluntario para hacerse cargo de la próxima entidad, sea en España o en Europa», advirtió el banquero. «Por tanto, en mi opinión, es prioritario desarrollar legislación que libere de responsabilidades heredadas al comprador de un banco en proceso de resolución», concluyó Gortázar. El primer ejecutivo de Caixabank expresó que la actual ley de insolvencia española «no es útil para las entidades bancarias» ya que la resolución de un banco debe efectuarse en un plazo muy corto, para evitar situaciones de pánico en los ahorradores y de contagio.

En la primera resolución bancaria al amparo de la nueva normativa europea (la del Popular), el banco fue intervenido un viernes al cierre del mercado y abrió sus puertas el lunes con el Santander como propietario. «No podemos exigir las mismas garantías a un procedimiento que debe desarrollarse en días que a un proceso de insolvencia y liquidación que normalmente dura varias años» apuntó Gortázar. Desde su punto de vista, «con unas garantías razonables, debemos permitir que las decisiones de resolución sean vinculantes y no se puedan revisar como si pudieran haber sido tomadas y ejecutadas en largos periodos».

HERENCIAS BUENAS Y MALAS / Según el informe elaborado por la consultora Deloitte para la Junta Única de Resolución (JUR), que pilotó la intervención del Popular, el desembolso al que podría tener que hacer frente el Santander por posibles sentencias judiciales desfavorables oscilará entre 1.790 y 3.450 millones en litigios relacionados con cláusulas suelo, gastos de préstamos hipotecarios y otras contingencias. Según Gortázar, la autoridad bancaria europea «debería hacer de barrera entre el banco comprador y el comprado», algo que ya fue rechazado expresamente por la propia JUR a principios de agosto.

Pero lo cierto es que el Santander no solo ha heredado cargas judiciales con la compra del Popular. También ha heredado la posibilidad de ahorrarse casi 4.000 millones en el impuesto de sociedades por los créditos fiscales que acumulaba el Popular en su balance. Gracias a ellos, en el 2017, el Santander redujo al mínimo su factura fiscal (aplicó 500 millones) y en el 2018 prevé aplicar otros 1.000 millones con el mismo fin.

LEY HIPOTECARIA / Durante su intervención, el ejecutivo de CaixaBank describió «cuatro aspectos» que desde su punto de vista deberían ser abordados en prevención de futuras crisis financieras. Además de subrayar la necesidad de «mejorar el actual sistema de recuperación y resolución de entidades» al borde de la quiebra, Gortázar se refirió a la exigencia de «completar la Unión Bancaria y a la necesidad de contar con un entorno regulatorio claro y estable». Por último, Gortázar también citó la «recuperación de la reputación» del sector financiero como «el desafío más importante no solo de los bancos, sino también para la economía en general».