Gibraltar tendrá que recuperar un total de 100 millones de euros en impuestos impagados concedidos por las autoridades del Peñón a varias multinacionales a través de la exención del impuesto de sociedades y de cinco resoluciones fiscales. Según la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, se trata de «ventajas fiscales injustas y selectivas» y «un trato fiscal preferente» que vulnera la normativa europea sobre ayudas de estado.

La Comisión Europea inició una investigación en profundidad en octubre de 2013 a raíz de una denuncia de España. Los servicios de la competencia se pusieron manos a la obra para verificar si el régimen de exención del impuesto de sociedades aplicado entre 2011 y 2013 a los ingresos por intereses (procedentes principalmente de préstamos intragrupo) y por cánones favorecía a determinadas categorías de empresas y vulneraba por tanto la normativa comunitaria sobre ayudas públicas.

Un año después Bruselas decidió ampliar la investigación para cubrir también 165 resoluciones fiscales -o tax rulings- emitidas en el mismo período, en línea con las investigaciones puestas en marcha en todos los Estados miembros como consecuencia del escándalo del Luxleaks, que puso al descubierto la existencia de centenares de pactos fiscales entre las autoridades luxemburguesas y empresas multinacionales para rebajar su factura fiscal.

En el caso gibraltareño, a la Comisión Europea le preocupaba que las citadas resoluciones fiscales constituyesen ayudas de estado porque no se basaban en información suficiente para garantizar que las empresas afectadas por los acuerdos fuesen gravadas en las mismas condiciones que otras compañías que generaban ingresos en la Roca, algo prohibido por las reglas europeas porque podría falsear la competencia. La investigación, según confirmó ayer la Comisión, ha puesto de manifiesto que cinco de esos acuerdos, concedidos entre 2011 y 2012, sí constituían ayudas de estado ilegales.

Estos cinco pactos se refieren al tratamiento fiscal de Gibraltar a determinados ingresos generados por sociedades comanditarias neerlandesas. En los cinco casos, los socios eran residentes a efectos fiscales en el Peñón y deberían haber sido gravados allí. Sin embargo, las resoluciones permitieron escapar al pago del gravamen a cuenta de los ingresos por intereses y cánones generados por las sociedades neerlandesas, a diferencia de otras empresas beneficiarias de otro tipo de ingresos.

Estas resoluciones siguieron aplicándose y eximiendo a los intereses y los cánones del impuesto incluso después de que Gibraltar aprobase enmiendas legislativas para incluir estos ingresos en el ámbito de la fiscalidad en 2013 (intereses pasivos) y 2014 (cánones).

Ahora Gibraltar deberá recuperar los impuestos impagados -Bruselas estima en unos 100 millones- por las empresas que se beneficiaron del trato fiscal ilegal.