El operador público español de servicios postales, Correos, tendrá que devolver 167 millones de euros en ayudas públicas que la Comisión Europea (CE) considera ilegales. El Ejecutivo comunitario afirma que la empresa recibió una «compensación excesiva» por la prestación del servicio postal universal obligatorio entre el 2004 y el 2010 y obtuvo exenciones fiscales incompatibles con la normativa europea. La CE abrió una investigación en febrero del 2016, tras recibir dos denuncias de competidores en las que alegaban que Correos había recibido varias ayudas estatales ilegales e incompatibles, para determinar si las subvenciones recibidas se ajustaban o no a las normas sobre ayudas de Estado de la Unión Europea (UE).

La normativa impide que los Estados miembros concedan ayudas estatales a las empresas para compensar el sobrecoste que entraña la prestación de un servicio público, siempre que se cumplan determinados criterios. En particular, esto requiere que las empresas encargadas de dichos servicios no reciban una compensación excesiva para minimizar el falseamiento de la competencia y garantizar un uso eficiente de los recursos públicos.

España encomendó a Correos la prestación del servicio postal universal obligatorio, consistente en la prestación de servicios postales básicos en todo el país a precios asequibles y sujeto a determinados requisitos mínimos como un número de entregas semanales. La CE consideró que el operador recibió una compensación excesiva por un importe aproximado de 167 millones por la prestación de ese servicio.

Además, también se benefició de exenciones fiscales específicas desde el 2004, lo que le concedió una ventaja indebida por un importe de 0,9 millones de euros. «La CE ha llegado a la conclusión de que la ayuda concedida a través de estas dos medidas era incompatible con el mercado interior», informó la CE y anunció que ordenó a España recuperar los importes.