El sector bancario español dispone de un confortable colchón de liquidez, los préstamos dudosos de los balances siguen reduciéndose y hay varias entidades que han aumentado sus emisiones de deuda pero hay algunos nubarrones que no han desaparecido y que amenazan al sistema financiero español. Entre ellos, los costes de los litigios en forma de compensación a los consumidores tras algunos fallos judiciales, la lenta privatización de Bankia, la escasa calidad de los activos de la Sareb o banco malo y un entorno de tipos de interés bajos que presiona los márgenes de los bancos.

Es lo que han constatado los inspectores de la Comisión Europea y el Banco Central Europeo en el informe de balance de la novena misión de supervisión tras el rescate bancario publicado ayer. La visita tuvo lugar el pasado 9 y 10 de abril y pone el foco en la salud del sector financiero que no se ha visto afectado por la volatilidad en Italia en los últimos meses ni por la moción de censura contra Mariano Rajoy.

El informe apunta, no obstante, a varios motivos de preocupación. El primero, los litigios abiertos en los tribunales españoles y en la Corte europea de justicia a raíz de la resolución del Popular y su venta al Santander. Los inspectores consideran que la operación fue «exitosa» porque ni depositantes ni contribuyentes sufrieron pérdidas, no hubo ningún impacto negativo en la estabilidad financiera y la coordinación entre todas las autoridades nacionales y la UE fue buena. Sin embargo, la entidad que dirige Ana Patricia Botín podría tener que hacerse cargo de la factura de las compensaciones. El Tribunal Supremo ha suspendido todos los procedimientos judiciales hasta conocer la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. «Dado que no se otorgó ningún esquema de protección de activos en principio sería responsable de otros litigios potenciales por la gestión de los accionistas o los acreedores de Popular»,