El BBVA llegó ayer a un acuerdo económico con Antonio Béjar, exalto cargo del banco durante casi dos décadas, expresidente de su participada Distrito Castellana Norte (DCN) y único directivo al que ha cesado sin indemnización por el caso Villarejo, en el que se investiga la relación de la entidad con el excomisario que se ha convertido en sinónimo de las cloacas policiales. La entidad aceptó pagarle 1,7 millones de euros antes de impuestos y, a cambio, su exempleado desistió de su demanda por despido improcedente. Las dos partes llegaron a un pacto que evitó que se celebrase el juicio tras casi tres horas de negociaciones y con varios recesos y mejoras de la oferta por parte del banco, que estuvo representado por Adolfo Fraguas, su director de servicios jurídicos en España, y por Rafael Giménez-Arnau, socio del despacho Garrigues. La magistrada estuvo a punto de dar comienzo a la vista oral, pero en el último momento las partes siguieron negociando. Según la defensa de Béjar, la entidad financiera no había realizado ninguna propuesta desde que despidió a su representado a finales de septiembre hasta ayer mismo. Fuentes del BBVA argumentaron que «Béjar desiste de su demanda, por lo que el despido queda como procedente». Ello implica que el directivo no se reincorporará al banco y que la entidad le pagará una cantidad pese a seguir sosteniendo que tenía motivos fundados para echarle. En cambio, la defensa del exdirectivo, ejercida por Antonio Bernal, sostuvo que la procedencia o no del cese quedó «sin juzgar», algo que solo puede hacer la jueza, y que lo pactado es solo un «acuerdo de conciliación».

Los 1,7 millones se pagarán a razón de 70.833,33 euros al mes durante dos años, desde el próximo mes de marzo hasta febrero del 2022, a los que habrá que restar la tributación del IRPF. El pago, eso sí, está sometido a ciertas condiciones. Béjar aceptó no trabajar para la competencia del banco o de su participada DCN durante 24 meses, una cláusula habitual en las salidas de altos directivos de banca. Además, el exejecutivo consolida el derecho al cobro de 890.000 euros brutos de la suma total, pero tendrá que devolver 910.000 euros si es condenado en sentencia firme a más de un año de cárcel en el marco de la investigación del caso Villarejo de la Audiencia Nacional, algo que previsiblemente tardaría años en producirse.