Quien se haya dado un paseo este lunes fijándose en los escaparates de las sucursales bancarias puede haberse sentido tentado a pedir un préstamo al consumo, invertir en un fondo de inversión, solicitar un crédito para su negocio o contratar un seguro, pero difícilmente le habrán entrado ganas de comprarse una casa. El primer día laborable en que está en vigor la ley que obliga a los bancos a pagar el impuesto de actos jurídicos documentados, apenas unas pocas entidades como Bankinter o Kutxabank han promocionado sus ofertas hipotecarias, que por otra parte no han registrado cambios respecto a la semana pasada.

Dentro de las oficinas la situación ha sido parecida. Ni paneles publicitarios ni prospectos con información detallada sobre los créditos para la compra de un piso. Si un cliente pedía información sobre una hipoteca en alguna de las entidades que la semana pasada retiraron sus ofertas de sus webs, lo más común ha sido que le apuntaran un bosquejo de oferta supuestamente individualizada. En el resto, los precios generales siguen sin cambios de momento pese a la entrada en vigor de la norma.

A LA ESPERA

"Después de dos semanas con todo prácticamente paralizado, por fin tenemos el escenario más claro. Ya sabemos que tenemos que pagar el impuesto. Pero estamos a la espera de que el banco actualice los precios de las hipotecas y nos informe de cuáles son las nuevas condiciones para nuestros clientes. Es un proceso que no se puede decidir de un día para otro", explica un empleado de una sucursal de uno de los principales grupos financieros españoles.

En las páginas de internet y los comparadores de precios la situación también sigue sin cambios. Entidades como Santander, Sabadell, Ibercaja, Mediolanun, CajaSur y Globalcaja suprimieron su información hipotecaria de portales como Credimarket la semana pasada y este lunes sigue sin aparecer. Las ofertas del resto de bancos que sí publicitan sus créditos para la compra de viviendas se mantiene sin modificaciones relevantes.

EN DIFERIDO E INDIRECTO

Diversas fuentes del sector confirman que las entidades tienen pensado trasladar el pago del impuesto a sus clientes, como anunciaron los consejeros delegados de las mayores entidades del país hace dos semanas. Lo harán, eso sí, en mayor o menor medida en función de su política comercial y de la actuación de los competidores para no perder posiciones en un segmento de negocio clave.

También admiten que tardarán en hacerlo porque anunciar un nuevo precio este lunes hubiera sido perjudicial para su imagen tras la polémica creada: "No estamos locos". Además, no es descartable que el coste del tributo no se refleje directamente en el diferencial, sino en el precio de alguno de los muchos productos que se vinculan al crédito para mejorar las condiciones, como los seguros, las tarjetas o el mantenimiento de la cuenta.

La secretaria de Estado de Hacienda, Inés María Bardón, les ha advertido este lunes de que el Gobierno vigilará que las entidades no repercuten el impuesto en forma de cláusulas abusivas, mientras que el presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, José María Marín Quemada, ha asegurado que su institución controlará que no pacten una subida de precios de forma concertada. Ello, en cualquier caso, no impedirá que las entidades sin ponerse de acuerdo y sin incurrir en condiciones abusivas suban el precio de sus productos porque, como recuerdan en el sector, encarecer un producto cuando suben sus costes es perfectamente legal.