«Vamos a esperar, para saber el impacto, a lo que diga el Tribunal Supremo, pero los bancos tenemos la obligación prudencial -y nuestros supervisores así nos lo exigen en sus normas y en sus inspecciones- de tener en cuenta todos los costes a la hora de conceder nuevo crédito. Esta es una obligación prudencial». Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank resumía con estas palabras, durante la última presentación de resultados, el estado de ánimo de los bancos españoles con relación a asumir el coste del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados de las hipotecas. La decisión del Gobierno de modificar el reglamento del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados nada ha cambiado para el sector financiero. En resumen, si hay que pagar, habrá que compensar ese coste.

Las entidades financieras sostienen con unanimidad que el mercado hipotecario español es tan competitivo que no podrán asumir el impuesto sin que eso afecte al crédito y a la propia actividad crediticia de los bancos que rechazan asumir pérdidas con las hipotecas. «Si lo tenemos que pagar, de una u otra forma tendremos que trasladarlo al crédito», han insistido fuentes bancarias. Y recuerdan que en sectores como el transporte la subida del precio del combustible repercute en el precio de los billetes.

DIFERENTES ALTERNATIVAS / «No creemos que se vaya a trasladar el coste directamente al tipo de interés del préstamo hipotecario», han comentado otras fuentes, «Puede que se incorpore a las comisiones o a otros costes del préstamo». La agencia de calificación crediticia Moody’s considera que, aunque los bancos españoles tengan que asumir el pago impuesto, el impacto sobre su rentabilidad será «limitado», ya que las entidades tienen un gran abanico de opciones para proteger sus márgenes. Moody’s señaló que, las hipotecas, que suelen ser un producto financiero «de bajo rendimiento», se encarecerán vía comisiones o elevando el tipo de interés del propio préstamo, repercutiendo este nuevo coste sobre los clientes con el objetivo de proteger sus márgenes. Fuentes bancarias apuntan que es posibles que se muevan los diferenciales.

Lo que no puede hacer el sector es concertar una subida de precios. «Eso sería materia para la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia (CNMC)», afirma Fernando Zunzunegui, socio del despacho de abogados del mismo nombre. «Tiene que ser el mercado el que regule la aplicación de ese coste», insiste. Pero, ¿cómo se regula el mercado? «Los bancos nos miramos de reojo en los temas comerciales. Se suele actuar en función de lo que hace la competencia, con el objetivo de no clientes», explican fuentes bancarias. Y precisan, «al final es pecata minuta. Unos 2.000 euros, que representa el coste del impuesto, en función del valor de la hipoteca, repartidos en los 20 años de vigencia del préstamo, resulta una cantidad insignificante a repartir». Pero 2.000 euros a un ritmo de 3.000 hipotecas mensuales, que es lo que suelen producir los grandes bancos, «ya comienza a ser un dinero», se explica: 600.000 euros al mes. Con una subida mínima de la comisión de apertura o del tipo de interés, o ambos, se cubre el coste del impuesto. Y quien lo asumirá, al final, será el cliente. «No vamos a perder dinero», puntualizan las fuentes.

FACTURA ELUDIDA / Los bancos critican los cambios legales. «Cuando pensamos que sabemos las respuestas nos cambian las preguntas», dijo Rami Aboukhair, consejero delegado del Santander, pero al menos ha salvado el verdadero problema para el sector financiero: la retroactividad del impuesto en caso de que se hubiera mantenido que el banco era sujeto pasivo del impuesto sin que se modificara la ley. El coste del impuesto para la banca, en el caso de que hubiera tenido que afrontar cuatro años de impuesto --que es la vigencia de las deudas con Hacienda--, hubiera alcanzado unos 3.600 millones de euros, según datos del sector, o 5.000 millones de euros, según precisó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, antes de que el Supremo modificara su doctrina. El Sindicato de Técnicos de Hacienda había señalado anteriormente que el importe total a devolver correspondiente al periodo que va de octubre del 2014 a julio del 2018 es de 3.631 millones de euros y de 25.657 millones de euros el del periodo de enero del 2003 a septiembre del 2014.

La opción de que el tema acabe en la justicia europea tampoco se ha erradicado definitivamente, como apuntan despachos de abogados.