Toque de atención del Banco de España a los dirigentes políticos. En pleno auge de las dudas internacionales sobre la fortaleza de las instituciones españolas por su gestión de la pandemia del coronavirus, el gobernador del organismo supervisor, Pablo Hernández de Cos, ha reclamado este martes a los grupos parlamentarios que dejen atrás las luchas partidistas. "Abogamos porque ustedes alcancen acuerdos políticos y sociales amplios para afrontar la urgente, ambiciosa e integral estrategia de crecimiento que necesita nuestro país", ha defendido en el Congreso.

Tradicionalmente, los máximos dirigentes del Banco de España se han caracterizado por su prudencia y no es nada habitual que apelen a los políticos con tanta contundencia. Pero Hernández de Cos está marcando un perfil propio desde que accedió al cargo y ha dado un paso adelante ante las perspectivas "hasta cierto punto dramáticas" que afronta la economía española y que incluso, ha advertido, podrían quedarse cortas.

"Señorías, debemos ser conscientes de la magnitud del reto al que nos enfrentamos, consistente en la restauración de una senda de prosperidad y oportunidades para todos. Un diagnóstico adecuado de la situación y una actuación decidida de las políticas nacionales que ayude a aprovechar plenamente las oportunidades que nos ofrece la UE son precondiciones esenciales para el bienestar futuro", ha advertido durante su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Económicos de la cámara baja.

Reformas difíciles

El gobernador, así, ha defendido que España necesita una serie de "modificaciones —a veces sustanciales— del marco institucional y el entorno regulatorio" para elevar el "bienestar y las oportunidades de la sociedad". Adoptar estas medidas, ha admitido, presenta "dificultades" ya que, aunque mejoran el "bienestar agregado", suponen una distribución de sus costes y beneficios "desigual", al conllevar una redistribución de las rentas entre agentes económicos y tienen más costes que beneficios a corto plazo.

Ello suele provocar, ha continuado, que las reformas se suelan concentrar en época de crisis como la actual, porque los costes económicos y sociales a corto plazo de posponer su adopción tienden a ser superiores a los costes de implementarlas. "De ahí la necesidad de forjar consensos amplios, que en ocasiones deberán apoyarse en esquemas eficientes de compensación e incentivos, pero que, sobre todo, han de descansar sobre una perspectiva de largo plazo, indispensable para generar la certidumbre y la credibilidad necesarias. En el actual contexto de elevada incertidumbre sobre el impacto de la pandemia, tanto en lo relativo a su duración y persistencia como a su impacto diferencial entre países y sectores, una de las principales contribuciones de la política económica es, precisamente, contribuir a dar un horizonte de mayor certidumbre a empresas y familias. Esta es una tarea que atañe a todos los niveles institucionales, tanto en el contexto nacional como en el internacional", ha argumentado.