El Banco de España, que lleva años abogando por la moderación salarial y el abaratamiento del despido, pagó 671.712 euros de indemnización por cese a dos de sus altos cargos entre el 2012 y el 2014, ya en plena crisis. Se trata del exgobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que percibió 348.751 euros, y el exsecretario general José Antonio Alepuz, que se embolsó 322.961 euros.

Así lo ha destapado el Tribunal de Cuentas en un informe sobre el cumplimiento de la normativa de indemnizaciones y retribuciones de altos cargos públicos entre el 2012 y el 2014. El órgano fiscalizador del Estado destaca que "no aprecia tacha de legalidad" en estos pagos. Sin embargo, ha mostrado sus reparos al cobro recibido por Alepuz.

Así, destaca que el Banco de España decididó indemnizarle a pesar de dejar su puesto "por voluntad propia", tras aceptar una oferta de trabajo de una "sociedad perteneciente al grupo de una entidad de crédito sometida a la supervisión del Banco", en referencia a Critera y a CaixaBank. Pese a ello, destaca el Tribunal, recibió una compensación equivalente al 40% de sus sueldo durante los seis meses que tuvo que esperar para incorporarse a la compañía y una indemnización "equivalente a la de su despido improcedente" (45 días por año trabajado) cuando ya estaba en su nuevo puesto.

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"Este régimen contrasta con las limitaciones que ya se habían impuesto al régimen retributivo de los altos directivos y las nuevas limitaciones que se iban a imponer a los altos cargos (a partir del Real Decreto-Ley 20/2012). Incluso contrasta con la indemnización que se satisfizo al gobernador del BE cesado posteriormente, pese a que sus restricciones para el ejercicio de otra actividad eran mucho mayores", afea el informe.

La compensación de Fernández Ordóñez, por otra parte, resulta sorprendente porque el gobernador, a regañadientes y tras la petición del Congreso, afirmó en su día que cobrar unos 195.000 euros al año. De ser así, le habría correspondido una indemnización de 312.000 euros (el 80% del sueldo durante dos años). Sin embargo, la compensación fue mayor porque en el sueldo que hizo público no incluyó diversos complementos y dietas por asistencia a reuniones al consejo de gobierno y la comisión ejecutiva del Banco de España.

El Tribunal de Cuentas destaca que el supervisor financiero no hizo públicas las indemnizaciones pagadas durante 2014 por este cese y que en el portal de transparencia tampoco se encuentran publicados los datos correspondientes. El exgobernador se jubiló ese año y cobra desde entonces una pensión pública.