El Banco de España avisa de que garantizar la viabilidad «social y financiera» del sistema público de pensiones va a requerir «reformas de calado», con ajustes «tanto por el lado de los ingresos como el de los gastos». Sobre todo, después de las decisiones de los últimos gobiernos del PP y del PSOE para volver a actualizar las pensiones con el IPC y dejar en suspenso el factor de sostenibilidad que pretendía adecuar automáticamente las cuantías a la esperanza de vida.
El director general de Economía y Estadísticas del Banco de España, Oscar Arce, lanzó ayer estas advertencias durante su participación en las jornadas anuales del BBVA sobre el sistema de pensiones. Quienes oyeron ayer lanzar estos avisos al representante del Banco de España, después de haber escuchado el martes al presidente de la Autoridad Fiscal, José Luis Escrivá, decir que el problema de sostenibilidad de las pensiones es «manejable», pudieron comprobar lo difícil que es ponerse de acuerdo en el diagnóstico.
El Banco de España parte de unas previsiones demográficas más pesimistas que las de la Airef, que cuenta con un cierto repunte futuro de la inmigración y una mejora en la tasa de fecundidad.
Ambas instituciones cifran en alrededor de 1,5 puntos de PIB el déficit estructural del sistema de pensiones. Pero el Banco de España parte de que es preciso encontrar la viabilidad del modelo con ajustes dentro del sistema de ingresos (cotizaciones) y gastos (pensiones) de la Seguridad Social.
Por su parte, la Autoridad Fiscal considera que la mayor parte de este desequilibrio se debe a que la Seguridad Social está asumiendo cargas no contributivas que no le corresponden y que deberían se resueltas con ajustes en el sistema de ingresos y gastos de los Presupuestos del Estado.
El director del Banco de España explicó que las reformas adoptadas en el 2011 y el 2013 encauzaron el sistema de pensiones hacia su sostenibilidad financiera. En el 2011, el Gobierno socialista decidió elevar de 65 a 67 años la edad legal de jubilación y ampliar a 25 años la base para calcular cada pensión. En el 2013, el Gobierno del PP impuso un índice de revalorización de las pensiones (IRP) que en la práctica podía limitar la subida de estas a un 0,25% durante décadas y dispuso la creación de un factor de sostenibilidad.
LAS DUDAS / «El punto débil» de la reforma del PP es que lograba la sostenibilidad del sistema «a costa de una reducción importante de la generosidad del sistema», según Arce. Sin embargo, la reciente suspensión de estas medidas reabre las dudas sobre la «viabilidad financiera del sistema». El Banco de España calcula que, en ausencia de medidas adicionales, vincular las pensiones al IPC causaría un efecto «bola de nieve» que acabaría aumentando el gasto en, aproximadamente dos puntos del PIB en el año 2030 y en tres puntos en el 2050.
Durante su intervención, Arce evaluó ventajas e inconvenientes de algunas de las propuestas de reforma del sistema de pensiones que forman parte del debate público. En relación a completar con fondos privados los ingresos de la jubilación, el Banco de España juzga «evidente» que los incentivos fiscales a favor de los planes de pensiones tienen un efecto «limitado» en la generación de ahorro y «concentrado» en los contribuyentes más ricos.
Frente a esto, Arce apeló a «legisladores, reguladores y sector financiero» a pensar en fórmulas que permitan movilizar el ahorro en vivienda propia para obtener mayores ingresos durante la jubilación. Se trata, sobre todo, de la figura de la hipoteca inversa, en la que el jubilado puede obtener un crédito de una entidad financiera con la vivienda como garantía o vender el inmueble al banco a cambio de una cantidad o de una renta anual, entre otras fórmulas posibles.
