Los economistas lo vienen advirtiendo desde hace tiempo y ayer lo confirmó el Banco de España: en la Unión Europea se ha producido una «pérdida significativa de impulso reformador, una vez que se han dejado atrás los años inmediatamente posteriores a la crisis financiera». Además, advirtió, es «especialmente reseñable el insuficiente progreso» en las reformas en los países que registran desequilibrios macroeconómicos, entre los que figura España junto a otro 12 Estados miembro.
En un informe, el organismo supervisor instó a aprovechar la actual fase de crecimiento para recuperar «margen de maniobra en las políticas fiscales nacionales, potenciar el buen funcionamiento del mercado interno y crear condiciones favorables para fomentar la inversión y aumentar la productividad y el crecimiento potencial». Asimismo, alertó de que la efectividad de las reglas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento «es todavía incierta» cuando no se producen déficits excesivos, como sucede ahora, y reclamó que España cree un Comité Nacional de Productividad (CNP), ya que es uno de los pocos países que no lo ha hecho junto con Austria, Italia, Letonia y Estonia.
El Banco de España destacó que, según la Comisión Europea, España debe adoptar medidas para mejorar la productividad, utilizando los ingresos extraordinarios para reducir la deuda pública, apoyando la inversión en los ámbitos señalados como prioritarios y mejorando las capacidades y la empleabilidad de los trabajadores. Como la mayoría de los Estados miembros de la UE, lamentó, el país hizo un seguimiento «limitado» de las recomendaciones que le presentó el Ejecutivo europeo para el 2018.
Para el 2019, Bruselas ha instado a España a cumplir los objetivos de déficit, con un ajuste estructural del 0,65% del PIB; fortalecer los marcos presupuestarios y de contratación pública; acelerar la reducción de la deuda pública; y preservar la sostenibilidad del sistema de pensiones.
INVERSIONES DE FUTURO
También le ha llamado a impulsar la inversión en innovación, eficiencia energética e infraestructuras ferroviarias de mercancías, así como a ampliar las interconexiones energéticas. Asimismo, le ha subrayado la necesidad de avanzar en la aplicación de la Ley de Garantía de Unidad de Mercado.
En materia laboral y social, ha recomendado reenfocar las políticas de empleo; simplificar los incentivos a la contratación; reducir la fragmentación del sistema de asistencia al desempleo y subsanar las carencias en la cobertura de los regímenes autonómicos de renta mínima; y reducir el abandono escolar prematuro.
