La banca reclama al Estado 1.350 millones por el cierre del Castor

El Gobierno suspendió en septiembre del 2013 la actividad de inyección de gas en el almacenamiento subterráneo Castor, situado frente a la costa de Vinarós (Castellón), tras registrarse cientos de seísmos en la zona. En octubre del 2014 aceptó mediante un decreto ley la renuncia de Escal UGS -que estaba participada por la compañía ACS presidida por Florentino Pérez, en un 66,67%- a la concesión de la instalación.

Como consecuencia de ello, el Ejecutivo, mediante un real decreto ley, estableció una indemnización de 1.350,7 millones para la compañía concesionaria, cantidad que se cargaría en el recibo del gas durante 30 años. El Santander, Caixabank y Bankia financiaron al Estado para que la concesionaria se pudiera liquidar sin quebrar, lo que hubiera generado un riesgo para solvencia al Estado, y aportaron los fondos que les debían devolver en un plazo de 30 años en mensualidades a cargo del recibo del gas.

El pasado mes de diciembre, el Tribunal Constitucional (TC) anuló varias disposiciones del decreto ley de medidas del sistema gasista que el Gobierno había aprobado en el 2014 y por el que se había fijado la indemnización para los promotores del almacén. En opinión del tribunal, no concurría una «situación de extraordinaria y de urgente necesidad» que justificara aprobar un decreto ley para «atribuir nuevas obligaciones de pago al sistema gasista». Es decir, cuestionó la fórmula de un decreto ley en vez de por la tramitación de una ley ordinaria.

Como resultado de la sentencia, el pasado 31 de enero la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la institución que realizaba los pagos con cargo al sistema gasista, decidió dejar de pagar a los bancos los 6,7 millones mensuales que abonaba y que procedían de la factura del gas. Esos pagos, a los que si se suman los intereses ascienden a más de 4.700 millones en los 30 años previstos, vendrían a suponer unos dos euros de sobrecoste medio por recibo del gas durante 30 años.

LA LIQUIDACIÓN DE NOVIEMBRE / La CNMC redistribuye todos los meses el dinero que recaudan los distribuidores y transportistas de gas y electricidad entre los distintos agentes que tienen derechos de cobro en el sistema eléctrico y en el gasista, como transportistas, distribuidores y otros, a través de la liquidación de las actividades reguladas.

En la liquidación del sector gasista correspondiente a noviembre del 2017, Competencia indica que, además de paralizar los pagos, los titulares de esos derechos de cobro, los bancos antes citados, dejan de ser sujetos del sistema de liquidaciones. Ahora, además, los letrados analizan si es el ministerio de Energía o la CNMC la que tiene que reclamar a la banca las cantidades pagadas desde el 2016, que sumarían casi 150 millones hasta ahora, según fuentes del sector, y que deberían devolverse a los usuarios.

También en aplicación de la sentencia del Constitucional, la CNMC eliminó del procedimiento de liquidación del ejercicio en curso los costes de operación y mantenimiento del almacén de gas Castor reconocidos con cargo al sistema gasista (el recibo del gas que pagan los usuarios del servicio).

La solución del embrollo del Castor no es fácil, ya que podría tener que devolver el dinero que recibió y que le sirvió para pagar a sus acreedores. Los bancos, que pusieron los fondos para la indemnización a cambio de un flujo de ingresos estable y cuantioso, han decidido enfrentarse al Gobierno y reclamar no solo lo que se acordó, si no una indemnización por los daños causados.

El Ministerio de Energía dirigido por Álvaro Nadal lleva meses asegurando que estudia cómo aplicar la sentencia, que su departamento considera que solo cuestiona el procedimiento que se utilizó para aprobar la indemnización, pero no concluye que su pago sea indebido. Ha sido capaz de encontrar una solución que resuelva el contencioso con la banca.